Posiblemente sea uno de los temas más recurrentes de la última década. Todas las partes aceptan que es un problema enquistado, pero ninguna de ellas parece ver una solución a corto plazo. La última actualización de la AIReF ha vuelto a reavivar las tensiones. Sobre todo en aquellas comunidades que salen más perjudicadas del reparto actual, caducado desde hace ocho años, pero prácticamente sin opciones de ser renovado en el año que queda de legislatura.
Este martes, Ramón Fernández-Pacheco, portavoz del Gobierno andaluz, ha respondido al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que señalan que cada andaluz recibe 2.451 euros por habitante por parte del Gobierno de España. Una cantidad que está lejos de los 3.278,9 euros por habitante que recibe Cantabria, la comunidad más beneficiada. Sin embargo, el mayor agravio que nota el Ejecutivo andaluz es con respecto a Cataluña, una comunidad con una población similar pero cuyos ciudadanos reciben 350 euros más que los andaluces.
Urge un nuevo sistema de financiación. #Andalucía pierde 1.000 millones de euros al año.
— Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) December 27, 2022
Nos preocupa que el Gobierno de España no cumpla sistemáticamente. Los 8,5 millones de andaluces no lo merecemos. pic.twitter.com/4p4LPRYqH3
El portavoz de la Junta ha señalado que la reforma del sistema de financiación "no puede esperar ni un minuto más. Es una obligación del Gobierno de España revisar un modelo que maltrata a 8,5 millones de españoles. Andalucía sufre un modelo de financiación que es injusto y obsoleto. Cada día que pasa, la deuda del Estado por nuestra tierra es cada día mayor". Según los cálculos del equipo de Juanma Moreno, Andalucía pierde cuatro millones de euros diarios o, lo que es lo mismo, 1.000 millones anuales.
La reivindicación andaluza no es nueva y en los últimos meses la Junta ha insistido con un fondo transitorio que ha sido rechazado por el Gobierno de España. De hecho, el problema lleva años atascado. Durante el último mandato socialista, cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda, el Parlamento votó una resolución para actualizar el sistema. No hubo votos en contra. Ni siquiera del Partido Popular a pesar de que gobernaba Mariano Rajoy. Este hecho lo suelen recordar desde las filas populares señalando que lo único que piden es lo que exigió en su día la que ahora es ministra de Hacienda.
El papel de Ximo Puig
La lucha de la Junta no es en solitario, sino que tiene un fuerte aliado. La Comunidad Valenciana, principal gobierno autonómico del PSOE, es la región más perjudicada por el actual reparto, según los datos de la AIReF. Las cifras también han provocado la reacción de Ximo Puig, su presidente.
Puig ha manifestado esta misma semana que la financiación es una cuestión estructural y en estos momentos es “absolutamente imprescindible y necesario” el acuerdo, y ha apuntado que “solo se desbloqueará el asunto si hay una visión diferente en España respecto a lo que ha de ser la coexistencia política, porque, si no, va a ser imposible”.
"Partimos en el año 2015 de una situación de gran inferioridad y en estos momentos estamos superando la inversión por habitante aunque sea a costa del aumento de la deuda, pero esa deuda ha de residenciarse en el Estado para garantizar la igualdad", ha añadido. Por tanto, "más pronto que tarde, es el Estado español el que tiene que asumir su coste". "Lo que no puede ser es que nunca sea el momento, el momento es siempre. Que las elecciones se vayan a producir en primavera no significa que estos meses no se pueda ir trabajando, hay que trabajar y apelar directamente a los que pueden desbloquear esta situación”, ha asegurado Puig.
El presidente valenciano ya visitó San Telmo en 2021 para celebrar una especie de cumbre con Juanma Moreno y lanzar un mensajde unidad al que se unieron otras comunidades perjudicadas como la Región de Murcia o Castilla-La Mancha. No obstante, la situación sigue siendo la misma que el año pasado.
Montero prometió una propuesta para 2022
Cuando comenzó la organización de diversas comunidades, María Jesús Montero prometió enviar propuestas a los gobiernos regionales para desbloquear la situación. En agosto afirmó que tras el verano habría encima de la mesa un borrador donde se contemplaba como principal variable el peso poblacional de cada comunidad autónoma, que es justamente lo que reclaman Andalucía y Valencia. Pero la propuesta nunca llegó.
En septiembre volvió a asegurar que el Gobierno estaba "a punto de mandar" una propuesta a las comunidades autónomas. Sin embargo, esto tampoco ocurrió. Entre tanto, la ministra de Hacienda ha pedido al Partido Popular que antes de exigir la renovación del modelo, ponga de acuerdo a sus diferentes presidentes territoriales. La respuesta de los populares, por su parte, es que es el Gobierno quien debe mediar entre las diferentes comunidades autónomas.
Si bien Andalucía o Valencia abogan por un sistema donde la población sea el principal indicador, hay otras que no ven bien un modelo de estas carácterísticas y piden que se ajuste a la densidad de población o la despoblación de los territorios. En definitiva, el conflicto sigue igual que hace un año y todo apunta a que la legislatura acabará sin que pueda solucionarse.
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