La Fiscalía Anticorrupción ha tomado las riendas de la investigación por los contratos que el PSOE llevó a los juzgados este pasado mes de octubre, tal y como han adelantado Diario de Sevilla y eldiario.es. En concreto, los socialistas hablan de malversación y prevaricación por parte de la Consejería de Salud cuando se siguió contratando a la sanidad privada bajo el amparo legal de la pandemia, una vez que esa cobertura había finalizado. Estos contratos principalmente fueron con clínicas privadas, pero también para otras inversiones del SAS, como la segunda fase de las obras del Hospital Muñoz Cariñanos.
Así, la Junta, según la denuncia del PSOE, adjudicó casi 300 millones de euros por medio del procedimiento extraordinario de la época covid. Pero desde mayo de 2021 no era posible legalmente hacerlo por el procedimiento de emergencia. Así, esos contratos con las clínicas privadas se realizaron sin cumplir con los requisitos de publicidad, control y concurrencia.
Tras darse a conocer la noticia, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, explicaba que "la justicia sigue avanzando con este tema del desvío de recursos públicos a la sanidad privada a dedo y al margen de la ley, durante dos años después de la pandemia, y que denunció el PSOE de Andalucía. Lo que el PP se ha negado a investigar y explicar en el Parlamento ya lo ha admitido a trámite la justicia. Son casi 300 millones de euros que necesitaba la sanidad pública y que han ido a parar a otras manos".
Los contratos con la sanidad privada son habituales en el SAS y se vienen produciendo históricamente, tanto como derivaciones a ciertos especialistas como para que en algunos hospitales privados sean los de referencia para una comarca. Pero en este caso, ante el colapso que supuso para la sanidad pública la pandemia de la covid, la Junta trató de arreglar la situación contratando con la sanidad privada.
En ese contexto, casi 300 millones de euros fueron invertidos sin el amparo de la agilidad administrativa que supuso para todas las administraciones la desburocratización en ese marco legal extraordinario. Una vez que decayó, la Junta siguió con esas adjudicaciones hasta junio de 2023, fecha en la que eldiario.es advirtió de ello.
A los pocos días, la Junta canceló esos contratos, pero el PSOE ya había tomado nota de ello y durante meses, tras avisar de que iría a los juzgados, preparó la denuncia. Ahora, en lugar de actuar solo como acusación particular, es la propia Fiscalía Anticorrupción la que toma las riendas de cara a las pesquisas, lo que da fuerza para que la causa se instruya en mayor profundidad. Legalmente, hasta ahora, el asunto rezaba solo como admitido a trámite. La acusación se basa en hacer un mal uso de fondos públicos y prescindir del procedimiento establecido para llevar a cabo las contrataciones.
El PSOE-A avisó también este mes de octubre de que incorporará a la denuncia el abuso de la contratación menor del que ha avisado la intervención en las ocho provincias en referencia a 2021.
Por su parte, la Junta de Andalucía ha insistido en que siempre se actuó bajo la legalidad y que el objetivo de los acuerdos con la privada era salvar vidas. Ahora, si avanza, el Gobierno de Moreno Bonilla podría enfrentarse un lustro después de llegar al poder a su primera causa de calado.