El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha expresado que lo que se juzga en el juicio del portavoz de la provincia, Alejandro Gutiérrez, por un despido político y sindical por parte de la empresa de casinos Comar es "el derecho de los trabajadores de poder hacer política libremente".
"Estamos acostumbrados a que los políticos salgan de la política y mediante una puerta giratoria se coloquen en consejos de administración para llevárselo calentito y encima dar beneficios a esas empresas mediante contratos públicos y al clásico caso de corrupción. Y estamos hablando de un compañero que es concejal un tiempo y cuando termina de ese concejal lo que quiere es volver a su puesto de trabajo. El mundo al revés. La única puerta giratoria que tienen los concejales y concejalas de adelante Andalucía es volver a su puesto de trabajo y resulta que una multinacional se lo está impidiendo", ha dicho José Ángel García.
"Se lo está impidiendo porque Alejandro fue delegado sindical y dio una pelea sindical en su empresa peleando por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Cuando da el salto a ese concejal durante un tiempo. Es un concejal que se dedica simple y llanamente a defender los derechos laborales de los trabajadores de la provincia de Cádiz. La patronal no olvida, la patronal y las grandes empresas no olvidan. Y lo que pretenden es condenar a un concejal por defender los derechos laborales de su gente, de la gente trabajadora", añade.
"Me toca ser protagonista en la defensa de los derechos laborales y sindicales y también, sin miedo a parecer presuntuoso, a los derechos fundamentales y a la propia democracia de nuestro país", ha dicho Alejandro Gutiérrez.
"Hay un artículo en la Constitución española, que es el artículo número 23, que dice que todo ciudadano, ciudadana tiene derecho a participar de los asuntos públicos directamente o a través de representantes elegidos democráticamente por sufragio cada cuatro años. Y precisamente esto es lo que ha desencadenado que hoy estemos aquí", explicó antes de entrar en el juciio.
"La empresa Comar, que es un gigante, es la primera empresa que se dedica al juego en España, con más de nueve casinos en este país, con más de 12 en Europa del Este y en Latinoamérica, solamente quiere a las administraciones públicas cuando pide créditos ICO para financiarse por las ayudas Covid, pero no lleva bien cuando uno de sus trabajadores participa en ella", afirma.
"Pedí una excedencia forzosa por cargo público, me presenté al alcalde de mi pueblo, el Puerto de Santa María, y cuando volví a reincorporarme a mi trabajo, mi puesto de trabajo, pues la empresa no me quiere dejar participar, no me quiere dejar integrarme otra vez en mi puesto de trabajo. Esto es un atentado claramente contra un derecho fundamental y así lo vamos a pelear en los juzgados, no solo por mi caso concreto, sino lo que queremos trasladar a la ciudadanía es que cualquier ciudadano o ciudadana español puede participar de la política y volver luego a su puesto de trabajo porque es un derecho fundamental que nos ampara", explicó.