Era la segunda vez que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, se sentaba ante el juez Juan Carlos Peinado para declarar en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sin embargo, por motivos distintos a la primera ocasión, Gómez se ha vuelto a marchar de los juzgados en Madrid sin pronunciarse ante el juez.
En esta ocasión Begoña Gómez se ha acogido al derecho a no declarar que tiene cualquier investigado en un proceso judicial. Esta decisión ha provocado que abandone la sala apenas 20 minutos después de haber llegado. Nuevamente, por motivos de seguridad, la acusada ha tenido que entrar en coche por el garaje. La Policía ha tenido que intervenir y expulsar a Vito Quiles, que nuevamente se había 'colado' en la planta de la declaración.
Su abogado ha señalado que el motivo de no declarar no se debe a tener algo que esconder, sino a que él mismo, su defensa, le ha recomendado actuar así. "La declaración del investigado tiene que hacerse con garantías", ha afirmado. "Saben que la denuncia de Manos Limpias fue analizada por la Audiencia Provincial y solo unos contratos tenían indicios suficientes para iniciar la investigación. Siguiendo el auto de la Audiencia Provincial, este procedimiento carece de objeto alguno en este momento. Las diligencias que se han practicado no han aportado nada".
Además de Begoña Gómez, este viernes el magistrado tomará declaración en calidad de testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio.
Las comparecencia llega además después de que se haya conocido un informe remitido por la UCM al juez en el que indica que de su investigación interna no puede concluir si ha existido o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la esposa del presidente de Gobierno.
No obstante, la UCM sostiene que se ha dado una falta de colaboración de "determinados intervinientes" y le indica al instructor que si él encontrara perjuicio contra la UCM se lo haga saber.
Previamente a ese informe, otro de los hitos relevantes del caso ha sido la interposición de un nuevo recurso del fiscal en el que solicita que se "delimite" la investigación al considerar que el instructor está dirigiendo una "causa general".
En ese recurso, el fiscal mencionaba un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los inspectores concluyen que varios contratos adjudicados a Barrabés que están bajo sospecha en la causa "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".
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