Esta semana hemos conocido el resultado de una de las pocas negociaciones que el Partido Popular iba a tener que afrontar a lo largo de la legislatura. Se trataba del acuerdo para renovar tanto el Consejo Audiovisual de Andalucía como el Consejo de Administración de la RTVA. Dos órganos de extracción parlamentaria - no los únicos - que necesitan algo más que la mayoría absoluta para poder ser renovados. En concreto, hacen falta tres quintos de los diputados. En este caso hubiera bastado un acuerdo entre el PP y otra formación que fuera PSOE o Vox, pero en esta ocasión ha habido acuerdo a tres bandas. Desde Vox la condición era que no se aumentara el gasto ampliando el número de representantes, y así ha sido.
Ambos organismos tienen determinadas cosas en común. En la ley que regula la composición de cada uno de ellos, se establece que los elegidos serán "todos ellos con reconocida cualificación y experiencia profesional", en el caso de la RTVA y "personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social" en el caso del Consejo Audiovisual de Andalucía. A esto se le suma una paridad mínima de 60%-40%. En los dos organismos se eligen a nueve representantes. La descripción del perfil profesional que se hace en las leyes es ambigua, sin embargo, tratándose de dos entes públicos con vinculación a los medios de comunicación, lo lógico es que estos sillones fueran ocupados por personas con prestigio en esta rama. Esto no es siempre así.
De hecho, cada vez es más frecuente ver a este tipo de órganos convertidos en una especie de 'retiro dorado' o, simplemente, un lugar en el que situar a determinadas personas, con una dilatada carrera en política, que en algún momento de su trayectoria se queda sin un cargo electo. Esto no ocurre únicamente en este tipo de entes ya que también es habitual ver prácticas como esta en una Cámara legislativa tan relevante como el Senado, un organismo que se utiliza más por interés u oportunidad, que por la intención de prestar un servicio público. Lo vimos con el acuerdo en el PSOE que acabó con Susana Díaz en la Cámara Alta, la designación del propio Juan Espadas o, más recientemente, la de Alberto Núñez Feijóo.
Hay que algunos de los propuestos responden al perfil periodístico que se ajusta mejor al puesto, aunque esto no significa que no haya vinculación - en mayor o menor medida - a los partidos proponentes. No obstante, otras propuestas sí son de perfiles políticos a los que se le busca un acomodo. El gasto público por cada uno de ellos se sitúa entre los 60.000 y 80.000 euros que perciben de forma anual, un sueldo que no tiene demasiado que envidiar al de los parlamentarios.
En esta ocasión hay tres nombres especialmente flagrantes en este asunto. En concreto son el de Rocío Ruiz por parte de Partido Popular y los de Verónica Pérez y Teresa Jiménez por parte del PSOE. Hay otros que, por su parte, también tienen una vinculación muy cercana a Vox, PP o PSOE y han trabajado en dichos partidos, aunque dentro de los equipos de comunicación de cada uno de ellos. Luego está el de Miguel Ángel Vázquez que, aunque ha sido cargo público por parte de los socialistas, tiene formación en el periodismo.
Volviendo a los nombres mencionados, dos de ellos concurrieron a las anteriores elecciones y se quedaron sin escaño. El otro, Teresa Jiménez, ni siquiera iba en las listas, pero ocupó un lugar en la Mesa del Parlamento durante la pasada legislatura. En su trayectoria, antes de ser diputada entre 2008 y 2022, ocupó cargos como delegada provincial de Educación, directora del Instituto Andaluz de la Mujer y delegada de gobierno de la Junta en la provincia de Granada. Entre 2008 y 2009 también fue consejera de Educación y ahora le llega la oportunidad en el Consejo Audiovisual.
El caso más mediático ha sido el de Rocío Ruiz por formar parte de la fagocitación que los populares están haciendo con Ciudadanos, sin embargo, el de Verónica Pérez se trata de un nombramiento que responde más a las lógicas de lo que se denominó en su momento 'vieja política'. Pérez, a sus 44 años, lleva 23 años en la política activa. Los primeros cinco como concejal en su pueblo. A partir de 2004 fue diputada en el Parlamento de Andalucía hasta que en las últimas elecciones perdió su escaño en el tiempo de descuento. De hecho, fue uno de los últimos diputados que el Partido Popular le arrebató al PSOE.
La sevillana venía de ser miembro de la Mesa del Parlamento en varias legislaturas y, tras el conflicto en las primarias, ocupó el séptimo lugar en las listas de la provincia de Sevilla. Pérez había sido durante todo este tiempo la mano derecha de Susana Díaz dentro del PSOE-A y parte fundamental en el intento de 'asaltar' el PSOE nacional. Algunos la recordarán por las palabras a las puertas de Ferraz en las que aseguraba que "la única autoridad soy yo". Tras quedarse fuera del Parlamento, la dirección socialista le ha buscado acomodo en el Consejo de Administración de la RTVA.
No es la primera vez que pasa esto. En la anterior legislatura ocurrió algo similar con Antonio Pradas, otro político sevillano con una amplia trayectoria que se había quedado fuera de las listas para el Congreso de los Diputados por disputas internas. Amalia Rodríguez también se quedó sin escaños en las generales en aquella ocasión. Pero no se trata de una práctica exclusiva del PSOE. En el PP también utilizan este tipo de órganos en determinadas ocasiones para buscar acomodo a personas que se quedan fuera en las elecciones. El ejemplo fue la pasada legislatura Mariví Romero en el Consejo de Administración de la RTVA. En esta ocasión, también repetirá.
Por Andalucía registra una ley para estar en los organismos
El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha presentado una Proposición de Ley para la modificación de la Ley de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) con la pretensión de que recoja la obligatoria inclusión de todos los grupos parlamentarios en el Consejo de Administración del ente autonómico sin que ello implique un aumento del número de sus integrantes, que en estos momentos es de nueve, así como en el Consejo Audiovisual.
La iniciativa la ha expuesto este miércoles en rueda de prensa la portavoz de este grupo, Inmaculada Nieto, quien ha aludido a la aprobación en el próximo Pleno del Parlamento, que se celebrará los días 13 y 14, del acuerdo para la renovación del Consejo de Administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual. Tras el acuerdo alcanzado entre PP, PSOE y Vox sobre estos órganos Por Andalucía ha perdido el único representante que tenía en el Consejo de Administración, de manera que sus nueve componentes se los distribuyen en cinco para los populares, tres para los socialistas y uno para Vox.
Nieto ha apelado a que su iniciativa para la modificación de la Ley de la RTVA respondería al espíritu del "acuerdo previo" en que fueron trabajando los grupos antes de que el lunes 26 de septiembre PP, PSOE y Vox anunciaron un acuerdo para renovar el Consejo de Administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de manera que "con el menor número de consejeros se garantizaría la pluralidad" de la representación parlamentaria.
La portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha defendido que órganos como el Consejo de Administración de la RTVA debe reproducir "la correlación de fuerzas" del Parlamento tras la celebración de las elecciones para que "no se desvirtúe los resultados de las urnas".
Con ese antecedente ha reclamado que ese acuerdo "lo traspusiéramos a la ley para que, con el menor número de consejeros, se garantizara el pluralismo", una aspiración que "garantizase algo que no debería haber hecho falta" por cuanto ha blandido que "en ninguna legislatura ha faltado un grupo" en el Consejo de Administración de la RTVA, después de recordar que ya ha habido mayorías absolutas en legislaturas anteriores en la Asamblea Legislativa autonómica.