Diferencias sustanciales para un puesto de idéntica categoría en función del ente o sociedad pública adscrita a la Junta de Andalucía. Por ejemplo, un asesor jurídico de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) percibe 68.000 euros brutos anuales –algo menos que lo que percibe el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno—, mientras que alguien que ocupa la misma función en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales o en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucia (Agapa) cobra 40 y 34.000 euros anuales, respectivamente.
Estos datos, que han sido puestos sobre la mesa por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, durante una comparecencia este jueves en comisión parlamentaria, forman parte de las diferentes auditorías que puso en marcha el actual Gobierno andaluz para poner orden en el holding de la Administración pública andaluza, lo que también se conoce como administración paralela. Un entramado de entes, sociedades y fundaciones en las que, como también ha revelado Marín, llama la atención el elevado nivel de temporalidad, con unos 4.000 contratos fuera de la legalidad.
Hasta el 1 de enero de este año, ha incidido el vicepresidente, se han eliminado 55 entidades instrumentales del sector público andaluz, en un "proceso constante de supervisión y agilización de los trámites precisos para disolver aquellos entes que no tienen actividad o carecen de personal", proceso paralelo a las auditorías que se están realizando de 54 organismos.
Marín ha anunciado que los informes definitivos de estas auditorías estarán concluidos este primer trimestre de este año, pues ya se han trasladado los provisionales a cada ente para que aleguen y la Intervención General de la Junta de Andalucía ya ha recibido todas las alegaciones que se están estudiando, según ha informado el Gobierno andaluz por medio de una nota.
El vicepresidente ha dibujado la "foto fija" que el actual Gobierno encontró en el sector público andaluz al llegar, con una plantilla cercana a 30.000 trabajadores con problemas de dimensionamiento, 31 sistemas diferentes de gestión de recursos humanos y 38 sistemas económico-financieros y que supone un gasto de personal de 1.200 millones de euros.
En este contexto, también ha explicado que los costes medios del personal indefinido oscilan entre los 61.000 euros de la RTVA y los 19.393 de la Fundación San Juan de Dios de Lucena, así como que en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) hay planteados 37 expedientes de conflictos laborales de 2018.
En torno a 4.000 trabajadores de estas entidades, como se ha dicho, están en situación de temporalidad, "algunos superando los plazos que permite la Ley", tienen regímenes de incompatibilidades diferentes según la tipología de las agencias, como ocurre por ejemplo con los médicos del Hospital Virgen del Rocío frente a los del Costa del Sol o el de Poniente. Y en algunos casos cuentan por convenio con seguros de vida o de salud de los que carecen los funcionarios, con el consiguiente "agravio comparativo".
Ante esta situación, la Consejería "ha elaborado un inventario de puestos de trabajo que nos ha permitido reducir el número de denominaciones de puestos pasando de casi 2.000 a 120, las áreas de actividad de casi 500 a 54, también hemos pasado de casi 300 a 5 grupos los tipos de formación que se requiere para acceder a cada empleo y además el tipo de relación laboral de los efectivos y la media retributiva por categoría de puesto de trabajo. Eso es simplificar y racionalizar", ha defendido Marín. Con este fin se lleva a cabo un proceso constante de disolución, extinción y liquidación de aquellos entes que carecen de actividad o personal.
Marín ha informado a los grupos parlamentarios de que a 1 de enero de 2021 se han eliminado 55 entidades, en concreto tres agencias administrativas como la Agencia de evaluación educativa; la agencia pública empresarial Inafin; dos consorcios como el del Guadalquivir; 37 UTDLT; seis fundaciones como Mediara, Fidetia o el Centro de Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite; la institución sin ánimo de lucro Asociación Granada Universidad de Invierno 2015; y cinco sociedades mercantiles como Sierra Cork o Promonevada.
Este proceso es paralelo al Plan de Auditorías que se adjudicó en agosto del 2020, en plena crisis sanitaria y tras la paralización de los plazos administrativos por el estado de alarma, para analizar la situación de otras 54 entidades.
Según ha explicado el responsable andaluz, ya se remitieron todos los informes provisionales a cada entidad para que se pronunciaran y "la Intervención General ya las ha recibido todas las alegaciones por lo que actualmente se encuentran en la fase de emisión de los informes definitivos, que se esperan concluir en este primer trimestre".
"Racionalizar es sinónimo de eficacia en la gestión de los recursos públicos"
"El resultado de estas auditorías será fundamental para poder concluir con la reordenación efectiva del sector público instrumental", ha señalado, si bien "la situación de pandemia que estamos atravesando y la inminente llegada de fondos europeos imprescindibles para amortiguar los malos augurios económicos, han hecho que se anticipen propuestas de esta reordenación basándonos en necesidades evidenciadas con los datos expuestos con anterioridad y con los resultados provisionales de estas auditorías".
Así, se ha referido a la creación de la Agencia Digital de Andalucía, que agrupará las dispersas competencias, recursos humanos y económicos de las TIC en la Junta, y a la fusión anunciada por el consejero de Transformación Económica de Idea, Andalucía Emprende, Extenda y la Agencia Andaluza del Conocimiento en la nueva Agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Andalucía Trade) para "unificar el soporte y el impulso empresarial en Andalucía tan necesario en la reactivación económica". O la integración en un solo ente de las fundaciones Tres Culturas, Barenboim-Said y Legado Andalusí.
Marín ha afirmado que "racionalizar es sinónimo, al menos para nosotros, de eficacia en la gestión de los recursos públicos" y ha emplazado a los informes definitivos de las auditorías para seguir avanzando hacia esa eficacia.
Comentarios