En las últimas semanas la política andaluza ha estado marcada por graves acusaciones entre Partido Popular y PSOE que ha derivado en campañas en redes y anuncios de denuncias por injurias. La reactivación del caso ERE a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional, con las que se anulan partes de las condenas de exdirigentes socialistas, ha provocado que ambas formaciones eleven el tono. Esto ha tenido consecuencias en una negociación que se ha fraguado en los últimos siete meses.
Todo hacía indicar que este miércoles iba a haber una tregua entre ambas formaciones. Partido Popular y PSOE habían pactado la reforma del Consejo Consultivo de Andalucía. Lo habían hecho a través de una nueva ley que busca encajar la figura de los expresidentes de la Junta de Andalucía para que tuvieran funciones una vez abandonen el Palacio de San Telmo. La norma, no obstante, ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP.
En este encaje, las dos principales formaciones tenían acordado que los expresidentes fueran designados como consejeros permanentes del Consejo Consultivo de Andalucía y tuvieran una retribución anual hasta los 75 años de edad. De facto, la aprobación del la ley significa que tanto Juanma Moreno como Susana Díaz van a tener un sueldo que va a rondar los 80.000 euros anuales hasta que cumplan dicha edad.
El conflicto ha llegado porque el texto incluía la posibilidad de que aquellos expresidentes con más de 75 años pudieran acogerse a la ley durante otros cinco años, pero el PP ha dado marcha atrás en esta cuestión a última hora. Los populares quieren evitar que José Antonio Griñán o Manuel Chaves puedan percibir estas retribuciones en caso de que el Tribunal Constitucional anules sus condenas, algo que ha provocado que los socialistas cambien el sentido de su voto.
La norma contiene la posibilidad de que también cobren las cuantías "correspondientes en conceptos de asistencias, dietas y gastos de desplazamiento", una cuestión que ha llevado a la oposición a calificar el acuerdo como "un retiro dorado" para Juanma Moreno y Susana Díaz, que serían los principales benefactores de esta reforma.
Esta reforma suponía un punto de encuentro entre PP y PSOE después de varias semanas de intercambios muy duros. El PSOE, de hecho, ya ha anunciado denuncias a Elías Bendodo y Antonio Repullo por mantener que el caso ERE fue "un robo". Por su parte, los populares han contraatacado con una campaña titulada "Andalucía no olvida".
Los socialistas han votado en contra a pesar de que la puesta en marcha de esta ley estuvo pactada entre las dos principales formaciones. El amago que ha hecho el diputado Víctor Torres con votar en contra finalmente se ha hecho realidad. El PSOE ha condicionado su voto a que el PP aceptara una enmienda transaccional y, además, no modificara lo que afectaba a los expresidentes mayores de 75 años. Los populares han accedido a la primera condición, pero han modificado el segundo punto para que no se confundiera el espíritu de la norma. El PSOE considera que de esta forma los populares han hecho "seguidismo a las políticas de Vox".
El PSOE ha achacado a la formación de Juanma Moreno un "afán" de reescribir la historia". También la hemeroteca y propuestas como reducir el número de consejeros cuando estaba en la oposición o la firma de un acuerdo con Vox para suprimir el organismo. "Hoy abren la puerta a cobrar dietas y kilometrajes. Se contradicen con lo que defendía. Su principal preocupación ha sido incrementar los salarios", ha criticado Torres.
Pese a ello los socialistas tenían intención de votar a favor porque consideran la institución "fundamental" y el apoyo del PSOE "debe estar por encima de todo". En esta línea, el diputado jiennense también ha defendido que la ley no es de PP y PSOE, sino que se trataba de una proposición de ley de los populares en la que el PSOE "ha trabajado y aportado ideas para poder mejorar el funcionamiento de una institución que nos parece relevante".
El resto de formaciones también han rechazado la norma después de entender que lo único relevante de la misma era dar 'acomodo' a Susana Díaz y a Juanma Moreno como expresidentes. De hecho, el caso de Por Andalucía es significativo ya que en la primera votación la coalición dio su visto bueno para tramitar la ley. Sin embargo, tras la tramitación han acusado al Partido Popular de hacer "una reforma mínima". "Nos parece bien que trabajen los expresidentes y lo hagan por dinero, pero hace falta un debate sosegado que hable de ellos con rigor", ha sostenido Esperanza Gómez, quien también ha criticado la avanzada edad que se ha puesto como límite. "Se ha hecho una modificación pensando en casos concretos. Nos parece un chanchullo y hemos perdido una oportunidad".
Por su parte, Adelante Andalucía ha criticado que la norma "aumenta los privilegios que ya están regulados". "La ley busca acomodo a los expresidentes sin saber qué van a hacer y qué papel van a jugar. Se crea una profesión". Además, Maribel Mora ha recordado diferentes comparecencias y ha acusado a PP y PSOE de "no tocar una coma a pesar de las críticas". More ha tenido palabras para Susana Díaz y ha pedido modificar el reglamento para que los senadores autonómicos rindan cuentas en el Parlamento. La expresidenta apenas ha realizado catorce preguntas en el Senado en los dos últimos años.
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