CCOO ha reiterado la denuncia ante la Inspección de Trabajo por la falta de Plan de Igualdad en la Administración General de la Junta de Andalucía y ha vuelto a denunciar “la pasividad y falta de interés en negociarlo y aprobarlo como marca la Ley”. “Resulta incomprensible que una institución pública del calado de la Junta de Andalucía, con más de 40.000 trabajadores y trabajadoras afectados, sea incapaz, o no quiera aprobar un Plan de Igualdad que le está exigiendo a todas las empresas privadas”.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía ha recordado que “el 15 de diciembre de 2020, CCOO solicitó formalmente la negociación y posterior implantación de un Plan de Igualdad para el personal y que, ante la inacción de la Junta de Andalucía, se interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 3 de febrero de 2021 denunciando el incumplimiento de la Administración”.
Como explica el sindicato “la Inspección constató los incumplimientos al carecer de Plan de Igualdad en el empleo para el personal laboral y funcionario de la Administración General”. El requerimiento expresado en el informe recogía que “debe cumplir con lo dispuesto en la Ley y otorgaba un plazo de dos meses desde la notificación del requerimiento para que la Administración de la Junta de Andalucía aportara documentación justificativa de que se trabajaba en la elaboración de un Plan de Igualdad para sus empleados públicos, con participación de los sujetos legitimados para la negociación del Plan de Igualdad”.
Asimismo, la Federación señala que la Dirección General de Función pública convocó en septiembre de 2021, a instancias de la resolución de la inspección por la denuncia de CCOO a “un grupo de trabajo sin seguir las premisas de la Ley para su negociación efectiva en la que se presentó un cronograma, según el cual en el mes de marzo de 2022 se estaría en fase de tener finalizado el borrador del Plan de Igualdad”. Además se proporcionaba una colección de datos calificados como “Diagnóstico Preliminar” en su mayoría de correspondientes a 2018.
También con fecha de septiembre de 2021, CCOO presentó un escrito a la Directora General de Función Pública mostrando el desacuerdo con la fórmula impuesta por la Administración de no formalizar ni llevar a cabo una negociación real y exigiendo la constitución de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad para el Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía en cumplimiento de lo que determina la Ley.
Como apunta el sindicato, el 14 de ese mismo mes, se recibió un escrito de respuesta de la Dirección General de Función Pública donde se anuncia que “se ha tomado la decisión de llevar a efecto la constitución de la Comisión Negociadora para la elaboración del Plan”. “En ese momento fuimos convocados junto al resto de organizaciones sindicales para la formalización y constitución de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad en febrero, emplazándonos para una nueva reunión antes del 28 de febrero en la que se aprobaría el Acta de Constitución de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía y el Reglamento de funcionamiento de dicha Comisión”.
CCOO denuncia que “esa ha sido la última actuación respecto al Plan de Igualdad quedando aún sin constituir de manera formal la Comisión Negociadora del mismo que dé inicio a la negociación de las primeras fases para obtener e implementar un Plan de Igualdad para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía”.
La central recuerda que “por mandato de Ley, tanto las empresas como las administraciones, tienen obligación de negociar, elaborar, aprobar y presentar en el registro público en el tiempo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo previsto para iniciar el procedimiento de negociación. Una obligación legal de la que, al parecer, la Junta de Andalucía, se siente exenta”.
La Federación ha calificado de “aberrante y poco serio que la Administración General de la Junta de Andalucía no actúe con la debida diligencia y responsabilidad sobre un tema de calado e interés para su personal y para la sociedad en general". "No se puede consentir que una administración pública no cumpla con la Ley que exige al resto de las empresas”, ha concluido.