Las continuas convocatorias para funcionarios interinos por parte de la Junta de Andalucía en las que quedan excluidos determinados colectivos contando con tan 24 horas para postularse y se selecciona por estricto orden de llegada, de las que lavozdelsur.es ofreció la primicia el pasado 8 de julio, se han encontrado con el recurso que el sindicato Comisiones Obreras ha interpuesto en el contencioso administrativo pidiendo la suspensión cautelar de estas contrataciones.
Sin ir más lejos, ayer este medio volvía a informar sobre las 132 plazas que el Gobierno andaluz sacaba con un plazo de solo 24 horas y sin que fuese necesario adjuntar el currículum para funcionarios del grupo A1. Para CCOO esta forma de contratación resulta inadmisible y su recurso ante el Tribunal de Justicia Superior de Andalucía se enfoca en parar este tipo de procedimientos que mediante Decreto-Ley la Administración autonómica está convirtiendo en norma.
Pablo López del Amo es coordinador de Sectores Autonómicos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía y aclara que el recurso se centra en una de las convocatorias concretamente, el cual, si es admitido, afectaría al resto del proceso por perjuicio de difícil reparación. Desde la Junta se utiliza un sistema que realmente fue ideado para contratar en el estado de alarma con el propósito de que no faltara personal en las residencias de mayores, hospitales y demás centros esenciales de la Administración. Una vez finalizado, López del Amo señala que por parte de los sindicatos "les transmitimos que había que revisar este sistema, pero lejos de eso, vemos que lo van a seguir utilizando hasta el final del estado de emergencia sanitaria".
A diferencia del estado de alarma, el de emergencia sanitaria es mucho más indeterminado y alargado en el tiempo, lo que representa un problema para CCOO. "Una medida que se creó para una excepción, la siguen utilizando para seguir contratando", y recuerda que el personal de la Junta se ha incorporado a sus puestos al 100%, como pueden ser el SAE y los servicios de provisión de plazas, que pueden funcionar con absoluta normalidad.
Para el sindicalista, el Gobierno andaluz tiene más difícil alargar estos procesos de contratación fuera del estado de alarma, "máxime con el 100% de las organizaciones sindicales en contra". Este hecho se plasmaba la semana pasada en comisión de convenio, en el que se llegó a hablar por parte de los sindicatos de "abuso de confianza" de la Administración. "Nosotros les damos la confianza para una determinada actuación y ellos continúan una vez que se han acabado las circunstancias que lo promovieron", señala López del Amo.
Sobre que diversos colectivos como pueden ser diabéticos, embarazadas, lactantes, mayores de 60 años o enfermos renales y cardiovasculares, no puedan acceder a estos puestos, la Junta se ampara en que son motivos de emergencia. Aunque estas convocatorias, al igual que la polémica contratación de los 3.000 auxiliares del Plan Playas Seguras, tampoco han guardado el 10% que exige la Ley para personas con discapacidad. "Que nos digan qué motivo de emergencia tienen, por ejemplo, los administrativos, cuando tienen los listados y las bolsas para seleccionarlos. E igualmente en veterinarios, en inspectores de pesca, en conservadores de patrimonio...".
Desde CCOO esperan que la Justicia admita su recurso y suspenda este sistema, aunque desconocen si tendría carácter retroactivo. Lo que sí tienen claro es que si una embarazada o un enfermo renal ya están incorporados a su trabajo, no tiene sentido excluirlos de nuevas convocatorias. "No pueden explicar este hecho, es un abuso de una herramienta que se les dio para otra cosa", y tacha de "disparate" que fuera de una contratación de emergencia, en lo que consideran que deberían ser convocatorias ordinarias, no abran el mencionado 10% de las plazas para las personas con discapacidad.
Para el coordinador de CCOO, uno de los problemas es que tanto Elías Bendodo como Juan Manuel Moreno Bonilla, "anuncian en prensa estas plazas antes de negociarlas, y luego no les queda más remedio de cumplir". La directora general de Trabajo, Beatriz Barranco, ya mencionó hace días que llevará a cabo las contrataciones que tenía previstas, y las justificaba en que "son de recibo por la emergencia económica".
Para López del Amo, el proceso es "muy extraño". Y relata que en las bolsas de trabajo, "se dotan de unos tiempos para que no ocurra nada raro". "Ahora el funcionario levanta el teléfono, llama al primero de la bolsa, le dice que no y llama al segundo. Incluso van con dos bolsas a la vez". Cuenta que en este tipo de casos, "tienes que creer al funcionario o si te dice que no han cogido el teléfono, con lo cual se pasa al siguiente en la lista". Debido a este método, las bolsas se han ido agotando rápidamente en varias de las convocatorias. "No hay forma ninguna de contrastar ni de dar plazos".
Para el sindicalista, "se debería ir al personal inscrito en el SAE en esas categorías, los cuales han pasado un proceso de selección y baremación" y no ve de recibo que la selección se haga por orden de llegada. Sobre las explicaciones que han recibido del Ejecutivo, indica que "se basan en que está aprobado por el Consejo de Gobierno". Sobre la documentación que grupos como Adelante Andalucía o PSOE-A han exigido respecto a estas contrataciones, López del Amo aclara: "Se acogen a la protección de datos personales". Y tiene la sensación de que no van a aportarla nunca: "Tendrían que entregar los registros telefónicos, de llamadas, hacerlas coincidir con orden de selección de plazas... es imposible".
Preguntado sobre si puede ser una vía para introducir en la Administración a gente cercana a los partidos de Gobierno, el coordinador se muestra cauto, aunque con sospechas. "Yo no supongo nada sobre por qué lo están haciendo, pero sí puedo decir que el proceso no es limpio, y como no se cumplen los derechos constitucionales de las personas, nuestra obligación es denunciarlo". Y finaliza: "Que sea un proceso tan oscuro te da pie a poder contratar de forma menos objetiva".