Gran parte de los orientadores del programa Andalucía Orienta de la Junta de Andalucía, responsables de impulsar la empleabilidad y acompañar en itinerarios de inserción laboral a los alrededor de 900.000 desempleados que hay en la comunidad autónoma, irán al paro. Concretamente, para la convocatoria de 2022-2023, como ya avanzó lavozdelsur.es, se eliminan en Andalucía un total de 340 técnicos de empleo dedicados a la atención de desempleados en general.
A ellos se suma el cerrojazo de más de 40 oficinas, principalmente instalaciones en comarcas castigadas por la despoblación y por el desempleo. De esta manera, la despoblación rural y la Andalucía vaciada verán disminuidos mucho más sus recursos y sus posibilidades de desarrollo rural y económico. La medida emana de la auditoría que el Gobierno de PP y Cs en la Junta encargó para el Servicio Andaluz de Empleo, donde ya se contemplaba este barrido presencial de Andalucía Orienta en aras de una evolución telemática.
La asociación sindical de profesionales andaluces de orientación (Apao), que cuenta con más de 400 socios en toda Andalucía, ha mostrado su total desacuerdo con estos recortes públicos para la próxima convocatoria, y en los próximos días va a iniciar una serie de acciones para reivindicar cuestiones y problemas históricos que, para más inri, no se han resuelto en las sucesivas convocatorias de años anteriores. Algunos de ellos son el recorte actual de fondos públicos en Andalucía Orienta para la orientación laboral, la precariedad e inestabilidad laboral de los técnicos de orientación, salarios congelados desde hace 10 años, recorte sucesivo de número de orientadores, jornadas y horarios dispares entre entidades que atienden a los desempleados...
Y no solo eso. Como también denuncian, la Junta no se ocupa de abordar o zanjar problemas como la nueva forma de pago de la subvención que “castiga” a entidades sin un “músculo financiero” potente para afrontar los pagos de salarios y gastos corrientes, la desaparición de la figura de apoyo administrativo en todas las oficinas de Andalucía Orienta, el temor a la privatización de estos programas de empleo a través de licitación pública, como ya se ha hecho con los cursos de formación profesional para el empleo (FPE), distribución equitativa de las oficinas de Andalucía Orienta en territorios castigados por el paro, y un largo etcétera, según Apao.
Respecto a la inestabilidad laboral, muchos orientadores afirman que sufren “hastío laboral” al tener que presentarse cada año a procesos de selección para poder ir “mendigando y encadenando” contratos con diferentes entidades año tras año, ya que casi todos ellos no tienen contrato fijo y han trabajado en muchas poblaciones y entidades diferentes. "Esta situación también la sufren los propios desempleados, que ven como cada año en su oficina de orientación hay un orientador diferente, con lo que tienen que iniciar un itinerario de inserción laboral desde el principio", aseguran desde la representación de estos orientadores andaluces.
Así las cosas, Apao "no entiende este recorte de recursos públicos, cuando Andalucía, en este período, está recibiendo muchos más recursos de Europa y del Gobierno central para este tipo de Políticas Activas de Empleo. Por ahora, las oficinas se mantendrán abiertas hasta la finalización de la actual convocatoria hasta el 27 de febrero de 2022, pero a partir de marzo se dibuja un escenario incierto y oscuro tanto para los desempleados como para los orientadores laborales".
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