La administración de Justicia en Cádiz se ha complicado tras la decisión de la Junta de clausurar las instalaciones de los Juzgados de San José, este pasado jueves. Todos los colectivos afectados, jueces, abogados graduados sociales y funcionarios han evidenciado su gran preocupación por lo que pueda suceder en Cádiz a partir del lunes, y coinciden en que el caos y las molestias para ciudadanos y usuarios serán la tónica habitual en la capital gaditana.
La toma de declaraciones y vistas programadas serán reubicadas en las distintas sedes judiciales de la ciudad de conformidad con los operadores jurídicos y conforme a las necesidades que vayan surgiendo.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha contratado una asistencia técnica para que elabore, con garantías, un estudio de estabilidad del edificio, que ha sido desalojado. Ya en el pasado mes de abril la Junta de Andalucía recibió un detallado informe de prevención de riesgos laborales -algunas de cuyas fotos ilustran esta información- denunciando muchas de las deficiencias que han determinado la clausura de forma irreversible.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, tras conocer que la Junta cierra el edifico de los juzgados de San José en la capital gaditana por el deterioro, ha lamentado la discriminación a la que está sometida Cádiz, con respecto a otras ciudades. “La prueba más evidente de esta discriminación es que, a pesar del estado del edifico de los juzgados, hemos tenido que arrancarle el compromiso de la Ciudad de la Justicia”, han comentado desde el gobierno local.
“Ahora nos acordamos de todo el tiempo perdido, las discusiones banales y todo el proceso que se ha ido dilatando en el tiempo. Si la Junta hubiera apostado desde que el Ayuntamiento de Cádiz pidió esta necesidad, hoy ya sería una realidad y no se habría llegado a esta situación”, han argumentado desde el equipo que preside José María González.
Los problemas del edificio no son nuevos, según han apuntado, “hace casi un año que está apuntalado y que tienen dos niveles en el suelo, así como averías que denotan una falta clara de mantenimiento”.
“Los propios sindicatos han denunciado este asunto, que han visto como las ratas y las cucarachas campan a sus anchas por el estado de algunas plantas, con los problemas de salubridad que ello acarrea”, han recalcado desde el equipo de gobierno.
Caos judicial
Rocío Reyes, delegada de CSIF en Justicia, advierte del caos que se avecina el lunes. El sindicato lamenta “la escasa información, la falta de previsión, la tardanza y finalmente las prisas” con las que la Consejería de Justicia ha acometido el desalojo de la sede judicial de San José en Cádiz. CSIF entiende que, dado el mal estado del edificio y la falta de seguridad para el personal, esta decisión era necesaria tomarla para garantizar la seguridad del personal.
Sin embargo, “se ha hecho de forma precipitada, de un día para otro; tanto, que ni la propia Delegación territorial de Justicia tenía conocimiento de esta actuación”, señalan desde CSIF.
Además, el sindicato resalta que esta decisión de desalojo “se ha tomado sin un informe técnico que la avale. No hay que olvidar que una vez desalojado es cuando van a realizar el estudio del edificio, cuando CSIF lleva años reclamándolo mientras denunciaba las malas condiciones que presentan los juzgados”.
En el pasado mes de abril no solo se elaboró un informe de evaluación de riesgos laborales (se evaluó el edificio completo) sino que también se hizo otro informe de con el coste que supondría arreglar las deficiencias que presentaban las instalaciones judiciales.
"Simplemente todo se resume en que la desocupación del edificio nos ha parecido apresurada y desorganizada, pudiendo la Consejería de Justicia haber avisado por lo menos con quince días de antelación y haber preguntado a los representantes sindicales cuales eran las necesidades más urgente a tener en cuenta en el desalojo, se hubiese evitado el traslado del juzgado que está de guardia (Instrucción 3) desde San José al Estadio, ya que el último día que estan de guardia es precisamente el lunes y el martes entra otro Juzgado", añade Rocío Arroyo, de CSIF.
Según fuentes judiciales desde este fin de semana se trasladan a las oficinas comerciales del Estadio Nuevo Mirandilla el juzgado de Guardia y el servicio común de notificaciones judiciales. Mientras se habilitan el resto de los locales del estadio son varios los órganos judiciales afectados -cuatro juzgados de Primera Instancia y cuatro de Instrucción- que no tendrán más remedio que suspender su actividad “lo que perjudicará a tanto a los justiciables como a los funcionarios”, afirma la delegada de CSIF.
La portavoz sindical cree que la digitalización de los juzgados de de instrucción todavía no está al cien por cien entonces no disponen de medios en la actualidad para hacerlo de forma telemática desde su casa ni tampoco en el juzgado podrían estar trabajando sin los medios que le ofrecen las dependencias para, por ejemplo, las grabaciones de las vistas.
Cesión a la Junta
Cabe recordar que el Ayuntamiento firmó con la Junta de Andalucía la cesión de un espacio de 39.000 metros cuadrados, donde poder concentrar los servicios judiciales y que, además de la ventaja que esto supone, “llevaría consigo un revulsivo para los barrios colindantes”.
El escenario que se presenta es caótico para los juzgados porque si bien uno de ellos está toda la semana de guardia el resto no tendrá más remedio que suspender la actividad judicial porque aunque la pandemia se avanzó en la digitalización todavía está lejos en la administración de Justicia andaluza.
Los sectores afectados -jueces, abogados, graduados sociales y funcionarios- coinciden en que se va a producir un menoscabo en los derechos de los justiciables es decir de los ciudadanos en general que tendrán que peregrinar de un lado a otro hasta que se dé una solución al problema mientras se construye la ciudad de la justicia.
Por su parte, según fuentes del Colegio de Abogados de Cádiz la incertidumbre se ha apoderado del colectivo que está convencido de que se van a producir perjuicios en la marcha de la justicia en Cádiz y que los actuales recursos de infraestructura propuestos por la Junta por el reparto del trabajo serán "insuficientes y no podrán asumir con garantías el trabajo que generan ocho juzgados en la capital gaditana".
El presidente del Consejo de Graduados Sociales y ex primer teniente de alcalde de Cádiz, José Blas Fernández sostiene, en declaraciones a lavozdelsur.es, que la clausura de las instalaciones “causará un perjuicio tremendo si pensamos que se van a paralizar ocho juzgados con procedimientos que se verán afectados. Todo esto es inasumible y cuando la justicia no funciona es que no hay justicia, por lo que la preocupación entre los distintos colectivos afectados es absoluta”.
José Blas Fernández resalta que tampoco cabe responsabilizar al actual Gobierno de la Junta de Andalucía de este desastre “porque arranca desde 2008. Esto va a parecer como el concurso de ‘Conozca usted a su vecino’ porque vamos a tener instalaciones judiciales repartidas por toda la ciudad con el trastorno que eso va a provocar en los desplazamientos sin olvidar que aparcar es toda una aventura”. El presidente de los graduados sociales opina que la solución es la Ciudad de la Justicia pero que mientras se pone en marcha “habrá que buscar una alternativa que causen el menor perjuicio posible a los justiciables es decir a los ciudadanos”.
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