Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha sido llamada a declarar en calidad de investigada (imputada) junto a otras 19 personas por la jueza que investiga la supuesta caja B del PP de Almería. La magistrada cita a Crespo por su supuesta participación en la gestión de subvenciones al Ayuntamiento de La Mojonera cuando ejercía como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente —cargo que desempeñó entre 2009 y 2011—.
El Juzgado investiga si la presunta trama de financiación irregular se valió de comisiones pagadas por la constructora Hispano Almería, SA a distintos ayuntamientos de la provincia de Almería gobernados por el PP, como recuerda El País en una información en la que reseña que Crespo está citada el próximo 8 de abril a las 11:30 horas para declarar.
La consejera de Agricultura, al encontrarse aforada por su condición de parlamentaria andaluza, solo puede ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). “Los proyectos que se establecen en un convenio se ejecutan por los ayuntamientos, una asociación por sí misma no puede decidir sobre esas cuestiones y, finalmente, es la Junta quien certifica y valida”, señalan fuentes consultadas por el citado diario, en descarga de la gestión de Carmen Crespo, quien fue alcaldesa del municipio almeriense de Adra entre 2003 y 2011, parlamentaria andaluza desde 1998 hasta 2011, año desde el que fue delegada del Gobierno central en Andalucía hasta 2015.
Carmen Crespo, como alcaldesa de Adra y presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos de Poniente firmó en 2009 un convenio con el Ayuntamiento de La Mojonera para la construcción del Museo de la Agricultura, cuya construcción corrió a cargo de una UTE (Unión Temporal de Empresas) de la que formaba parte Hispano Almería. El interventor municipal alertó en 2012 de que existían pagos no justificados. La UDEF ya ha determinado que el PP almeriense financió campañas electorales de 2003 y 2008 con comisiones ilegales de la constructora Hispano Almería.
El PSOE pide "explicaciones"
El secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, exigió hace unos días explicaciones al presidente del PP y de la Diputación provincial, Javier Aureliano García Molina, y al alcalde de Roquetas de Mar y presidente de honor del PP, Gabriel Amat, sobre la citación judicial en calidad de investigados de cargos de la máxima confianza de este último en el marco del ‘Caso Hispano Almería’ que investiga, desde hace siete años, una supuesta financiación irregular del PP provincial.
En un reciente auto, tal y como ha trasladado el también senador socialista, la jueza ha llamado a declarar como investigada a la concejala de Hacienda y Contratación roquetera, así como al secretario municipal y al exinterventor, además de a varias técnicas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Se trata, ha dicho, de personas “del círculo más cercano a Gabriel Amat”, que es alcalde desde hace 26 años y ha ostentado el número uno del PP provincial hasta el pasado junio después de 17 años.
“Tanto la concejala de Hacienda y Contratación como los funcionarios con las máximas responsabilidades dentro del ayuntamiento de Amat, tienen mucho que decir, según indica la jueza en su auto”, ha trasladado y ha ahondado en que la Fiscalía “habla de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros posibles delitos que se han podido cometer entre representantes de lo público del Partido Popular y que tienen a Roquetas de Mar en el centro de las pesquisas”. En este sentido, Martínez Rodríguez ha defendido que los habitantes de Roquetas de Mar necesitan una explicación.
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