El PSOE andaluz se ha apuntado este lunes un tanto después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya admitido a trámite este lunes el recurso de inconstitucionalidad que presentaron más de 50 senadores socialistas contra el 'macrodecreto' de simplificación administrativa aprobado por la Junta hace unos meses y ratificado por el Parlamento andaluz con la mayoría absoluta del PP.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, según ha informado el TC en una nota. En total, el decreto objeto de recurso por parte del PSOE forma parte del plan 'Andalucía Simplifica', y modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes.
Juan Espadas no ha tardado en celebrar la decisión. El líder de los socialistas andaluces y senador ha asegurado esta tarde que "los argumentos que hemos puesto encima de la mesa demuestran que Moreno Bonilla ha ido claramente a reducir y a precarizar el ordenamiento jurídico en Andalucía en aras o con intereses que, además, no se justifican desde el punto de vista de un mejor servicio de la Administración a los administrados, sino claramente para eludir determinados controles y para reducir, de alguna manera, las garantías jurídicas que la Administración andaluza debe ofrecer".
Los recurrentes sostienen que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía "por la falta de presupuesto habilitante para la utilización del decreto ley y por la posible vulneración de los límites materiales", han explicado desde el TC, que había designado como ponente para estudiar la admisión a trámite de dicho recurso al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que durante su trayectoria profesional ha ocupado cargos en la Junta de Andalucía durante la etapa de gobierno socialista, como el de director general para las Relaciones con la Administración de Justicia y secretario general de Relaciones con el Parlamento.