El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha pronunciado este miércoles sobre la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que anula el impuesto sobre la plusvalía, advirtiendo que "esta resolución supone una grave amenaza para las haciendas locales andaluzas que dejarán de recaudar 500 millones de euros anuales".
El alto tribunal ha declarado inconstitucionales los artículos que hacen referencia al cálculo de la base imponible del impuesto sobre la plusvalía, un tributo "fundamental" para la economía municipal.
Según se indica en un comunicado, Villalobos ha avisado que la primera interpretación del Tribunal Constitucional conocida este martes, supone "un grave quebranto para las arcas municipales, concretamente una merma de 2.500 millones de euros de ingresos para todos los ayuntamientos de España y unos 500 millones de euros para los ayuntamientos andaluces".
La FAMP subraya que el impuesto de plusvalía es la segunda figura tributaria más importante para los ingresos de los municipios, solamente superado por el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Por ello, "el Ministerio de Hacienda debe actuar con urgencia, impulsando un nuevo texto legal que ofrezca seguridad jurídica a los ayuntamientos y a los contribuyentes y que restablezca a la mayor brevedad los ingresos que los municipios van a dejar de ingresar mientras tanto", ha señalado Villalobos.
El fallo no implica un carácter retroactivo para los casos en que no haya posibilidad de presentar recursos o cuando estos ya fueran rechazados con anterioridad. Sin embargo, a falta de conocer la letra pequeña de la sentencia del TC, el fallo contempla la posibilidad de que los ayuntamientos se vean obligados a devolver los importes de aquellas liquidaciones que se encuentren recurridas en este momento, "por lo que se hace necesario articular con diligencia mecanismos de compensación para los ayuntamientos", ha reivindicado Villalobos.
El también presidente de la Diputación de Sevilla ha recordado que ya en 2003, en unas circunstancias similares, la FEMP reclamó al Gobierno de España una compensación económica a los ayuntamientos por la anulación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las pymes, circunstancia que finalmente fue atendida por el ejecutivo.
"Mientras se plantea por parte del Ministerio de Hacienda una nueva norma legal que garantice la constitucionalidad del tributo, se hace necesario compensar a los ayuntamientos por lo que se va a dejar de recaudar y por lo que previsiblemente habrá que devolver", ha afirmado.
En este sentido, ha subrayado que "es necesario recordar el esfuerzo que el municipalismo ha venido realizando durante la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, atendiendo en primera línea las necesidades de la ciudadanía y asumiendo tareas, más allá de sus propias competencias, sin recibir la financiación necesaria para ello, como la desinfección de los centros educativos o el refuerzo de vigilancia por parte de la policía local", por lo que "no es de recibo castigar aún más a los ayuntamientos".
Quejas del Ayuntamiento de Cádiz
El concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, ha lamentado el “nuevo castigo” a los ayuntamientos en materia de financiación que supone la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de diferentes artículos de la Ley de Haciendas Locales referentes al denominado impuesto de plusvalía local, lo que supondrá una merma de en torno al 4% en los ingresos del presupuesto municipal. Por ello, insta al Gobierno a que “afronte este asunto y solvente el conflicto sobre la financiación”, reclamando en este sentido “una renovación integral de la ley de financiación de las haciendas locales”.
El concejal ha recordado que hay dos sentencias previas –de 2017 y 2019- del TC contrarias a este impuesto y que el Gobierno se comprometió a modificar los capítulos de la ley referentes al mismo, pero “no lo ha hecho pese a que ha tenido tiempo” y ahora se han declarado inconstitucionales y nulos los artículos que establecen un método para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal).
Esta “dejadez” del Gobierno, que ha insistido en que ha tenido “años para resolver esta cuestión y no lo ha hecho”, ha desembocado en “un nuevo revés judicial que afecta directamente a los ayuntamientos, que siguen infrafinanciados y maltratados en este sentido pese a ser la administración más cercana y que más ayuda de manera directa a la ciudadanía”.
Páez ha señalado, además, que se trata de un problema que afecta a todos a los ayuntamientos, aunque en algunos tiene un porcentaje de impacto mayor que en otros. Así, mientras “la anulación en Cádiz supone una merma de en torno al 4% de los ingresos, en Madrid no llega al 1%”, puesto que depende del resto de ingresos que se reciben en otros conceptos. Según ha concretado, este impuesto reporta unos ingresos anuales al Ayuntamiento gaditano que rondan entre los 6,5 y los 7,5 millones de euros.
Tras destacar la necesidad de “otro tipo de financiación diferente al sistema actual”, urge al Gobierno central a acometer “una renovación integral de la ley de financiación y de la ley de haciendas locales”, subrayando sobre esta última que lo que hace es “seguir ahondando en las brechas existentes entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades y pueblos, porque beneficia fundamentalmente a Madrid y Barcelona sobre el resto”.
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