Una decisión del Tribunal Constitucional puede suponer esta semana un antes y un después para varios políticos socialistas condenados en el caso ERE. El TC va a estudiar si anula la condena de nueve años de inhabilitación que los tribunales impusieron a Magdalena Álvarez, ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, por prevaricación en el mencionado caso.
La vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, ha presentado una ponencia en el que propone la estimación del recurso de Álvarez al disentir del criterio del Supremo y la Audiencia de Sevilla. Esto supondría anular la condena de la política socialista y, por lo tanto, abrir la puerta a que otros condenados por prevaricación presentaran sus correspondientes recursos.
La postura de Montalbán coincide con el criterio de la Fiscalía, que a principios de año informó a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación "en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico. La cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos podía haber sido o no juzgada por un juez penal y calificado como acto administrativo injusto.
El Constitucional acumula un año y medio estudiando el caso después de haber admintido a trámite el recurso de amparo. El TC entendió su especial tracendencia ya que se plantea "un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales".
Quien no ha tenido el amparo del Constitucional ha sido el exconsejero de Empleo de Andalucía José Antonio Viera, también condenado a siete años de cárcel por prevaricación en concurso medial con malversación. El tribunal, por unanimidad, considera un "defecto insubsanable" que no argumente su petición.
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