Miembros de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) han presentado una denuncia ante la Fiscalía dirigida contra el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y otros cargos del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) por posible delito de prevaricación de funcionario público "previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal" al hilo de la "convocatoria de contratación urgente de 159 funcionarios interinos" de la Junta fechada el pasado 8 de julio.
En concreto, la denuncia, de la que ha informado la citada coordinadora en un comunicado, se dirige contra el citado consejero de la Presidencia, así como contra la secretaria general para la Administración Pública, Ana María Vielba, y la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Silva, "autoridades responsables de las contrataciones de personal para la Junta de Andalucía", así como "contra cuantas personas pudieran derivarse del presente procedimiento".
La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas considera que en dicha convocatoria de interinos se realiza una "discriminación" al excluir de la misma a "mujeres embarazadas o en periodo de lactancia", lo que dicha organización cree que es "presuntamente inconstitucional".
Igualmente, la coordinadora ha presentado dicha denuncia por "excluir" la referida convocatoria de empleo "a pacientes crónicos como hipertensos o diabéticos, que no estén en situación de invalidez por enfermedad, o a las personas mayores de 60 años", lo que "no está amparado por ninguna legislación al respecto", según apostilla la entidad denunciante.
La CAMB señala como "contradicción flagrante" de esta convocatoria que la misma se hace "al amparo de la crisis sanitaria originada por la pandemia" del coronavirus y, sin embargo, "en el perfil de todas estas contrataciones no aparecen para nada profesionales o trabajadores del sector de la salud, encontrándose Andalucía en este periodo con una enorme saturación de los servicios con falta de personal en Atención Primaria y especialidades".
Finalmente, esta convocatoria realizada "de manera urgente, mediante un procedimiento de envío de solicitud por correo electrónico en un plazo de 24 horas, sin incluir siquiera currículum, vulnera los principios de publicidad, mérito y capacidad que exige la legislación estatal recogida en el Estatuto del Empleado Público", según la Coordinadora de Mareas Blancas.
Para esta entidad, "todo hace pensar que esta convocatoria, junto a otras similares que se están produciendo, quizás tratan realmente de formalizar una 'administración paralela' con mecanismos de selección presuntamente fraudulentos y, entre otros objetivos, subyace el deseo de sortear los mecanismos de control e informes previos necesarios de impacto medioambiental o de impacto a la salud que la legislación exige, sobre todo en proyectos urbanísticos, algunos de gran relevancia y que actualmente están en espera de 'acelerar' los trámites".