El magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, ha citado para el próximo 20 de junio, a las 11.30 horas, al diputado del PP, Alberto Casero, como investigado para que preste declaración voluntaria en el marco de la causa en la que se investigan determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018, según ha informado este viernes el gabinete de prensa del Alto Tribunal.
A pesar de que los hechos son anteriores, el nombre de Alberto Casero comenzó a ocupar portadas el día de la votación de la reforma laboral cuando, de forma telemática, el diputado del Partido Popular se equivocó en la emisión de su voto y permitió a Yolanda Díaz una victoria por la mínima en una votación que tenía perdida. Poco después Casero, número dos de Teodoro García Egea, también fue el encargado de recabar los apoyos para Pablo Casado durante la crisis del Partido Popular.
La decisión del magistrado tiene lugar después de que la Sala de lo Penal acordara el pasado marzo abrir una causa al diputado a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.
El tribunal concluyó que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procedía asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor -conforme al turno establecido- al magistrado Andrés Palomo.
En aquella ocasión, el Supremo hizo un repaso de la exposición razonada del Juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018 por Casero -cuando era alcalde de la localidad- con terceros.
Según la prueba documental y testifical aportada por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.
El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.
En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
La exposición razonada recogía, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL -un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo- en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.
Ahora, el magistrado a cargo de la investigación pretende interrogar a Casero para que esclarezca los hechos que le atribuye la Fiscalía. Al figurar como investigado, no está obligado a decir la verdad y puede responder o no a las preguntas del instructor, del Ministerio Público y de su abogado.
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