Ayudas directas para los sectores agrícola y ganadero —de más de 636 millones de euros—, la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas (784 millones de euros), duplicar hasta 2027 el uso de agua reutilizada —en la actualidad es del 10%— o trasvasar agua a Doñana para aliviar su acuífero. Estas son algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar la sequía.
Una vez pasado el primer cuatrimestre, se puede decir que 2023 es el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros. En la semana 19 de 1994 estaban prácticamente como en este momento, al 48,39%; un año antes, al 44,58%; e incluso, en 1992 se situaban en el 46,48%. Entre 1992 y 1995 se registraron los años con menos agua reservada desde que hay datos.
Por ello, en un Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha aprobado un real decreto-ley que incluye un paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania.
De esta forma, el Gobierno eleva a unos 2.190 millones de euros las ayudas agrarias y las habilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de aguas. De las ayudas directas, 355 millones de euros serán para los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276,7 millones para la agricultura y 5 millones para la apicultura.
Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y relacionadas con la Política Agraria Común (PAC).
En materia fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20% en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.
La orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública publicada el pasado 25 de abril ya contempla una "importante" rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25% lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, más de 800.000 beneficiarios.
Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30% y el 50% para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios. Asimismo, se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC.
Igualmente queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.
Por otro lado, el decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15% del principal del préstamo. Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de la pólizas ya contratadas —el máximo permitido por la normativa europea— que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.
Los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100% si la reducción en la dotación de agua supera el 60%, y del 50% si el recorte del suministro ha sido de entre el 40% y el 60%.
Medidas contra la sequía
La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha precisado otras actuaciones diseñadas por su departamento que incluyen la reducción de los cánones y las tarifas de las explotaciones agrarias afectadas, así como un precio fijo para el agua desalada para que los agricultores puedan utilizarla a un precio asequible.
Entre las medidas aprobadas, ha destacado el trasvase de 3 hectómetros cúbicos del Tinto y el Odiel para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana, en particular en el entorno de Matalascañas.
Para la ministra, este paquete de medidas llega para actualizar las "reflexiones" que han motivado el trabajo del Gobierno en estos cinco años para una España acostumbrada a periodos de sequía pero que está sufriéndolas con una incidencia "mucho mayor" y con efectos que hay que afrontar con toda la capacidad técnica que España ha ido desarrollando en estos años desde la declaración de emergencia climática.
Por un lado, ha indicado que las medidas extraordinarias aprobadas este jueves son de corto plazo y "auxilio inmediato" pero que forman parte de una "anticipación" de medidas porque "lo que ocurre hoy no es una novedad".
La vicepresidenta ha mencionado a "algunos" que piden un "pacto nacional del agua" a quienes recuerda que "ese pacto existe" y se llaman planes hidrológicos del agua, en los que se ha trabajado durante los últimos cuatro años y que orientarán las decisiones en materia de agua para estar preparados para esos escenarios.
En concreto, se ha referido a la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pide un pacto nacional del agua y que ha propuesto destinar 50.000 millones de euros a la gestión de este recurso hídrico. Ribera ha manifestado que cuando oye su petición entiende que lo que quiere Feijóo es derogar los planes hidrológicos que ya existen después de cuatro años de trabajo y que tienen en cuenta los distintos escenarios climáticos.
De los 1.400 millones de euros de inversiones, se destinarán 35,5 millones a actuaciones inmediatas para garantizar el abastecimiento este año. "Este Gobierno quiere acompañar al sector primario y en particular en lo que depende de las comunidades autónomas y, en particular, acompañar a los regantes", ha señalado Ribera, que ha mostrado su voluntad de que "más allá de la lectura de las competencias" del Estado y de las comunidades autónomas poder acompañar a quien les ha pedido apoyo.
Esa cuantía de 35,5 millones de euros incluye la aceleración de la construcción de infraestructuras, algunas de carácter inmediato para las cuencas afectadas pro sequía, tales como bombeos de emergencia o adecuar tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses.
Asimismo, en ese ámbito, se ha declarado de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea por lo tanto el Estado asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña, Málaga y Almería. Una de ellas en Tordera (Barcelona), con un coste de 220 millones y otras dos en Málaga y Almería, que costarán unos 200 millones; y se intensificará la reutilización en Alicante con una inversión de 224 millones de euros.
Greenpeace critica el "cortoplacismo" del Gobierno
Greenpeace considera que las medidas para paliar los efectos de la sequía aprobadas por el Consejo de Ministros son tan "necesarias" como "insuficientes y cortoplacistas", porque aunque permitirán paliar los impactos de esta de manera momentánea, no preparan a España para "los graves problemas de agua que deberá afrontar en el futuro" a consecuencia del cambio climático.
El responsable de agua de Greenpeace, Julio Barea, ha criticado el plan de choque anunciado este jueves por el Gobierno por dotar de ayudas a la agricultura sin cambiar el modelo agrario en el largo plazo.
Greenpeace advierte de que los principales afectados son, precisamente, la agricultura tradicional y familiar, la más necesaria de mantener y que se volverá "inviable" por la falta de agua y por la "apuesta de las administraciones por las macro industrias agropecuarias". De hecho, recuerda que el sector agropecuario consumo cerca del 80 por ciento del agua.
Por otro lado, respecto a las inversiones en obras hidráulicas, el portavoz de la ONG denuncia que "sigue perpetuando un modelo de agricultura industrial" e "insostenible" y considera que modernizar regadíos "no es la solución" porque dan la "falsa percepción de que hay más agua" lo que provoca un aumento de la superficie de riego, de la densidad de plantas así como un cambio hacia otros cultivos más demandantes de agua, al estimular dobles o triples cosechas y eliminan los retornos naturales al medio ambiente.
"Las sequías deben gestionarse previamente. Ahora solo queda lamentarse y gestionar la escasez, otra vez más. El Consejo de Ministros ha planteado medidas que no van a tener efectos a medio largo y plazo. España no puede seguir basando su gestión del agua en una oferta ilimitada, basada en falsas soluciones. Las políticas públicas deben ir dirigidas al ahorro, la prevención de la contaminación y la mejora de los sistemas de depuración", ha apostillado.
COAG dice que son medidas "insuficientes"
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera "insuficientes" las medidas del Real Decreto de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto de la sequía en el sector, como ha declarado la organización en un comunicado.
Según COAG, el 80% del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía y más de 5 millones de hectáreas de cereales no tendrán "apenas" cosecha.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha reclamado que "desde ya" se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, "que en muchos casos no recogerán cosecha alguna". Padilla ha añadido que esta "es la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo".
Desde COAG, sí se han valorado las ayudas directas a la ganadería extensiva, pues pueden suponer a corto plazo un pequeño "balón de oxígeno". También han destacado el incremento de la subvención para la contratación de seguros, las rebajas fiscales para los regantes y la flexibilización de los requisitos de la PAC para el cobro de las ayudas UE.
Asaja señala que se requieren "medidas excepcionales"
Asaja Andalucía ha tachado de "totalmente insuficientes" las medidas anunciadas este jueves para paliar la "grave" sequía que atraviesa el campo andaluz, que "ya sufrió pérdidas de más de 2.400 millones de euros el pasado ejercicio, con una merma general de las producciones de entre el 30 y el 50%, y que este año podría ver incluso cuadruplicadas". "Las situaciones excepcionales requieren de soluciones excepcionales", ha apostillado.
La organización ha apuntado en un comunicado que la comunidad "vive su sexto año consecutivo de déficit hídrico y la situación es absolutamente desesperada". "Estos seis años de sequía meteorológica y los tres consecutivos de sequía hidrológica han dado la puntilla al campo andaluz, que ha perdido ya los cultivos extensivos de secano, que no va a contar con cultivos de primavera y que ve amenazados de muerte a sus cultivos arbóreos y a sus explotaciones ganaderas, por lo que en esta situación", ha manifestado el presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, advirtiendo que "dar continuidad a las medidas que ya se tomaron el pasado ejercicio por la guerra de Ucrania es totalmente insuficiente".
"Ya no valen con moratorias hacen falta exenciones. Las ayudas directas deber extenderse a todos los sectores y a todas las explotaciones afectadas. Las explotaciones necesitan liquidez, y para eso es fundamental facilitar y subvencionar los créditos", ha recalcado, recordando que "la flexibilización en las medidas de la PAC debe ser urgente y automática, vamos contrareloj y no podemos esperar".
Asaja ha puesto de relieve que en Andalucía, más de 100.000 de sus 220.000 agricultores no han podido presentar aún su declaración de la Política Agraria Común (PAC) y viven "su particular calvario" en el ejercicio "más complejo" desde 1986, año del ingreso de España en la Unión Europea; puesto que "además de perder el 30% de sus ayudas agrarias por el Plan Estratégico de la PAC de Planas, están aún pendiente de conocer los pormenores de las medidas de flexibilización de la PAC que inciden directamente en el desarrollo de su labor y en la cuantía de las ayudas que percibirán en este ejercicio de la nueva PAC".
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