La oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida al Ayuntamiento de Cádiz para pedir información sobre las actuaciones llevadas a cabo con relación a las "deficiencias" en los servicios sociales municipales. En el texto de esta actuación ante la delegación de Asuntos Sociales, y consultada por Europa Press, Maeztu explica que a través de un escrito de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) presentado en el mes de octubre de 2017 ante la institución, ha conocido el informe elaborado por la misma sobre "ciertas deficiencias" de los servicios sociales del ayuntamiento gaditano, el cual fue entregado a la corporación municipal.
El Defensor asegura que entre los problemas concretos que señala dicho informe figuran "el aumento del 20% en la demanda de consultas a los servicios sociales; las largas colas para poder solicitar cita con los profesionales de trabajo social, debido al sistema de gestión de citas; y la falta de personal como consecuencia del despido de 24 trabajadores sociales en el período anterior, puestos de trabajo que no se habrían vuelto a cubrir por el actual equipo de gobierno". Además, la Apdha denuncia la existencia de medios técnicos e informáticos "obsoletos que dilatarían el proceso burocrático" y también se refiere "a problemas de espacio e infraestructura", así como a "la falta de puesta en marcha del plan de emergencia para personas sin hogar".
La institución expone que "es perfectamente conocedora" de que las consecuencias de la crisis económica "siguen manifestándose y afectando a las personas más vulnerables, y de que uno de sus efectos ha sido el aumento de las demandas de ayuda y la correlativa incapacidad de muchos centros de servicios sociales para poder atenderla". A este asunto, añade, "hemos dedicado extensos párrafos en nuestros informes anuales al Parlamento de Andalucía correspondientes a los años más duros de la crisis".
Igualmente, Maeztu apunta que través de los medios de comunicación se tuvo conocimiento de que miembros de la Corporación municipal y el propio alcalde, José María González, se iban a reunir con la citada asociación para tratar el contenido de dicho informe. No obstante, la Defensoría manifiesta que "transcurrido un tiempo prudencial desde la citada reunión y teniendo en cuenta que las cuestiones señaladas por la Apdha afectan a derechos estatutarios, como el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las prestaciones del sistema público de servicios sociales y a la atención social a las personas que sufren marginación, pobreza o exclusión y discriminación social, se ha incoado esta queja para pedir información sobre las actuaciones realizadas "con relación a las deficiencias apuntadas en el referido informe y la situación actual de los servicios sociales municipales".