La Fundación Francisco Franco tendría los días contados. La organización, cuyo fin es defender al dictador y poner su figura en valor, entraría dentro de los supuestos ilegalizables por la futura Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno. Jurídicamente, se prevé incluir un precepto sobre organizaciones que de forma directa o indirecta alaben la violencia contra las víctimas de la Guerra Civil.
Los procesos electorales de 2019 y la crisis sanitaria han ido atrasando una reforma que amplíe la actual Ley de Memoria Histórica, una de las propuestas de Pedro Sánchez cuando llegó al Gobierno y que se pretendía recuperar en el acuerdo de coalición. Según indica La Información, después de proceder a la exhumación del Valle de los Caídos, el siguiente paso del Gobierno, un año después, es reactivar la reforma legal.
Antes de la propuesta legal para la memoria democrática iría también otra reforma paralela, la de la Ley de Fundaciones. Porque al fin y al cabo, la Fundación Francisco Franco contiene el nombre de un dictador y genocida, y llevarlo en el nombre, como ocurriría con la defensa de Hitler en paíes como Alemania, implicaría la incitación al odio o a la violencia, directa o indirecta, hacia las víctimas de la Guerra Civil, en la que se sucedieron asesinatos y otras violaciones muy graves de los derechos humanos.
Otra de las propuestas del Gobierno en paralelo a la nueva ley sería la auditoría de bienes públicos, en la que se implicaría la recuperación de patrimonio expoliado durante la Guerra Civil y en la actualidad en propiedad de la familia Franco, principalmente el Pazo de Meirás. Diversos memorialistas demuestran cómo la finca fue entregada a Franco, sin embargo la familia asegura contar con una escritura sobre la adquisición por 85.000 pesetas en el año 41. Estaría por ver si legalmente se podría tumbar este escrito por haberse realizado de forma ilegal en la Posguerra.
Otra de las medidas a tomar por el Gobierno serían las sanciones por apología del Franquismo, de las más graves (hasta 100.000 euros) a las leves (200 euros). Por ejemplo, permitir movimientos de exaltación o realizar pintadas contra símbolos antifranquistas. Además, el Ejecutivo se plantea continuar con las exhumaciones de fosas comunes, la creación de un banco de ADN de víctimas (para determinar su identidad) o involucrarlo en el censo de víctimas de bebés robados. Desde el año 2012 no se incluye en los Presupuestos partida alguna sobre Memoria Histórica y Democrática.