El Tribunal de Cuentas de España ha confirmado que reclama un total 15.673.702,21 euros tras haber dictado un acta de liquidación provisional por esta cantidad que afecta a altos cargos del PSOE y personas vinculadas a UGT en relación con presuntas irregularidades contables aún pendientes de enjuiciar en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, el llamado caso de los ERE de Andalucía.
El origen de esta reclamación, según una nota del propio órgano de fiscalización contable, se encuentra en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía. Ejercicios 2001-2010.
A partir de sus resultados y ante la posibilidad de que hubiera responsabilidades contables, el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía presentaron demandas y se abrieron tres procedimientos diferentes.
Respecto de uno de ellos, el pasado 15 de julio se dictó acta de liquidación provisional en la que se reclaman solidariamente a los investigados un total de 15,6 millones, si bien de ellos 7,69 la investigación los imputa indiciariamente al que fuera director de Trabajo de la Junta ya fallecido Francisco Javier Guerrero, por lo que de esta cantidad, de confirmarse una condena por responsabilidad contable, responderán sus herederos.
En el expediente también aparecen su sustituto en el puesto Juan Márquez Conteras —se le requieren 5,18 millones según la información facilitada—, mientras que al también ex director de trabajo Daniel Alberto Rivera Gómez se le hace presuntamente responsable de desvíos contables por valor de 2,78 euros.
El TC ha reclamado a la Federación nacional de Industria, Construcción y Agro (FICA) 9,7 millones de euros en virtud de un expediente de responsabilidad contable que deriva del caso de los ERE de Andalucía. El sindicato ha recurrido la decisión alegando indefensión y hace constar en su recurso, según publica El País, que la cantidad exigida supondrá la paralización de su actividad sindical si implica el bloqueo de fuentes de ingresos y cuentas bancarias.
Eso sí, fuentes del sindicato explican que FICA tiene incluso un CIF diferente al de UGT, que es autónoma y que, por tanto, "no está en riesgo la viabilidad económica del sindicato".
CCOO, también afectada
En el acta se cita igualmente como presuntos responsables del desvío de este dinero público aún pendiente de enjuiciar la Federación Estatal Minerometalúrgica de CCOO.; y la Federación Estatal del Metal, Construcciones y Afines de la UGT, además de varias empresas vinculadas a estas ayudas.
Los procedimientos abiertos, según la información facilitada por el tribunal de fiscalización contable son tres: en relación Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad; Ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, 2001-2010; y por Gastos de gestión/administración abonados a intermediarios en la contratación de pólizas de seguros colectivos de prima única.
Sobre estos procedimientos, algunos desglosados en varias piezas, se han venido dictando sentencias desde 2017, algunas de ellas condenatorias y ya firmes, que se están ejecutando.
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