Tal y como perdió las elecciones municipales de 2003, Antonio Torres García, histórico alcalde del PSOE de Lebrija, en Sevilla, fue colocado al mes siguiente de desalojar la Alcaldía en un puesto directivo “sin contenido” y creado ad hoc en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía. ¿Su sueldo? 46.750 euros anuales. Las investigaciones han probado que carecía de formación y ni siquiera acudía a trabajar.
La Fiscalía Anticorrupción ha demandando, en un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, una condena de cuatro años de cárcel para el ex director general técnico de la Faffe, Fernando Villén —con otra causa pendiente por el uso de tarjetas opacas de la fundación pública en puticlubs—.
En su escrito de conclusiones, adelantado por Diario de Sevilla, el fiscal solicita también dos años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación como “cooperador necesario” del enchufazo.
En su caso, la pena solicitada es más baja que la de Villén porque el fiscal aplica la circunstancia atenuante del artículo 65.3 del Código Penal, la cual establece esta posibilidad “cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor”.
Alcalde lebrijano durante 24 años, psicólogo de profesión y nacido en 1949 en el seno de una familia campesina, el relato de los hechos trazado por Anticorrupción deja claro que fue el propio Torres García el que pidió trabajo a Villén, “y éste accedió”. En teoría, su cometido iba a ser lograr fondos y financiación para la Faffe, un cometido “innecesario”, según Fiscalía, ya que la fundación ya contaba con cuantiosas subvenciones y apoyos públicos. El propio Torres, sostiene Fiscalía, impuso que su puesto fuese fijo y se marcó también el salario.
Un propósito para el que se creó ex profeso el cargo de Dirección de Relaciones Externas, un departamento que pese a la “grandilocuencia” del nombre “no existía, no tenía sede, ni despacho o sede física, ni personal adscrito”. El contrato, finalmente, se hizo efectivo el 13 de julio de 2003. Hasta la extinción de la Faffe, y una vez incorporado a la lista del paro en el SAE, Torres García percibió un total de 491.203,03 euros de dinero público, cantidad que Anticorrupción reclama a ambos acusados.