Los registros de la Guardia Civil en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, el Ayuntamiento de Sevilla y el Estadio de La Cartuja han puesto en el foco los contratos que la RFEF presidida por Luis Rubiales firmó con la Junta de Andalucía para que las competiciones internacionales se disputaran en el recinto sevillano.
Tal y como ha adelantado El Correo de Andalucía y ha podido confirmar lavozdelsur.es el contrato que se investiga por parte de las autoridades se trata de una subvención excepcional por valor de 4.956.000 euros con el objetivo de adoptar las "actuaciones necesarias para la UEFA EURO 2020". El contrato fue aprobado el 4 de mayo de 2021 en un Consejo de Gobierno extraordinario, apenas diez días después de que se hiciera oficial que La Cartuja sustituiría a San Mamés como sede española.
La empresa que gestiona La Cartuja, donde la Junta es la accionista mayoritaria, delegó la gestión de las obras a la propia Federación. Precisamente, la RFEF otorgó dichos contratos el mismo día en el que el Gobierno andaluz aprobó la subvención millonaria. En estas adjudicaciones están las obras que se encargaron a Gruconsa, empresa que se investiga ya que un directivo de la empresa, Ángel González Segura, es hermano de Pedro González, responsable jurídico de la RFEF en aquel momento. Los dos están detenidos.
En la documentación a la que ha tenido acceso este medio, la Junta justifica la subvención de cinco millones por "la importancia que supondrá para la Marca Andalucía la celebración de los partidos de la UEFA EURO 2020 en el Estadio de la Cartuja". Según ha publicado, eldiario.es, la partida iba destinada en un principio a la educación infantil.
"Acoger la UEFA EURO 2020 se convierte en un proyecto de ciudad que permitiría mostrar la imagen de Sevilla y Andalucía en el mundo y vincularla al deporte, generando un impacto socioeconómico y turístico en la zona", continuaba el documento que el Gobierno andaluz aprobó en el Consejo de Gobierno del 4 de mayo de 2021.
El Gobierno andaluz, a través del presidente Juanma Moreno y del consejero Antonio Sanz, ha afirmado que todas las obras que se hicieron en el complejo deportivo sevillano fueron legales, aunque muestran su predisposición a colaborar con la Justicia.
La cantidad de este contrato no sale a la luz ahora. Fue el periodista Antonio Salvador el que lo desveló en 2022. Salvador también requirió al Consejo de Transparencia el convenio firmado entre la RFEF y la administración pública para la Eurocopa. Dicho organismo dio la razón al periodista, pero Rubiales recurrió a los tribunales y paralizó el proceso. Desde entonces, la RFEF se ha negado a que se publique dicho dicho convenio.
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