Aún no es presidente y está por ver que lo sea, pero a Alberto Núñez Feijóo ya se le ha puesto cuesta arriba el cumplimiento de una de sus promesas electoral. El líder del PP habló hace unos días de la derogación de varias leyes y la modificación de otras. Dentro de este último grupo se encontraba la reforma laboral que Yolanda Díaz logró pactar con sindicatos y empresarios.
La norma ha conseguido que el número de contratos indefinidos se disparen en el país y que el número de trabajadores esté en el máximo de los últimos años. La reforma salió adelante con los votos de partidos tan distintos como PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos mientras que fue rechazada por ERC, PP y Vox, entre otros.
En este sentido, y pese al anuncio de Feijóo, tanto la patronal española como los sindicatos han pedido que se respeten los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social durante los últimos años en caso de que después de las elecciones que se celebrarán el 23 de junio se forme otro Gobierno en el país.
Ha sido unánime ya que la postura la comparten el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Alvarez. Según ellos los pactos a dos y tres bandas que se han logrado en esta legislatura son garantía de paz social, por lo que deben ser preservados a largo plazo al ser parte del mandato constitucional de los agentes sociales y responder al interés de la sociedad.
"Los pactos son para ser estables en el tiempo y tienen que ir hasta el final. Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está", ha querido dejar claro Garamendi durante su intervención en la mesa redonda conjunta organizada por Cinco Días dentro de unas jornadas con motivo de su 45º Aniversario.
Así, a su juicio, quien quiera actuar fuera de este contexto, deberá explicarlo, ya que a la ciudadanía "no se le puede tomar el pelo". En este sentido se ha expresado también Unai Sordo, al considerar como "totalmente absurdo" que no se cuente con los sindicatos en un hipotético Gobierno del que forme parte la ultraderecha, como ha comentado que sucede en Castilla y León.