Izquierda Unida se ha mostrado satisfecha del respaldo mayoritario logrado este miércoles en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz a las mociones presentadas en defensa de una mejor financiación para los ayuntamientos.
El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, ha defendido que "es una realidad que los ayuntamientos cada vez tienen más competencias que asumir, más servicios que prestar a los vecinos y vecinas, son los concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas de todos y cada unos de los pueblos de la provincia de Cádiz los que atienden cada día sus problemas, como no podía ser de otra forma, y vemos que cada vez son más estos servicios y estas competencias, pero a la vez, cada vez son menores los recursos y la financiación con la que contamos".
IU ha sacado adelante con el respaldo de PSOE, La Línea 100x100 y el voto en contra del PP, la proposición por la que se insta al Gobierno del Estado a iniciar de manera urgente la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización de la Administración Local aprobada por el Partido Popular, "aprobando una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales", así como de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, "por tratarse de una legislación lesiva para la autonomía y suficiencia financiera local".
La iniciativa, que ha obtenido el respaldo del Pleno, insta al Gobierno central a cumplir el acuerdo de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y el Ministerio de Hacienda sobre la gestión directa de al menos el 15% de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de ayuntamientos y cabildos insulares transferidos al Estado; a la vez que emplaza al Gobierno a "llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para introducir de manera amplia elementos de progresividad en el conjunto de tributos en atención a la capacidad económica del contribuyente".
Finalmente, esta primera moción insta a la Junta de Andalucía a "poner en marcha de manera urgente iniciativas para abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad Autónoma, ingresos que deberán ser necesariamente incondicionales", en cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales y dado que asumen sin compensación alguna, competencias claramente autonómicas.
La segunda de las proposiciones de IU que han resultado aprobadas, esta vez con la abstención de los populares, insta al Gobierno andaluz a cumplir con lo establecido en la Ley 6/2010 de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica), dotándola con los 600 millones de euros de manera anual.
Igualmente, reclama a la Junta de Andalucía que acuerde con la FAMP, un mecanismo para el pago de los 1.265 millones de euros que adeuda a los ayuntamientos por incumplimiento de la Patrica; cantidad que en el caso de la provincia de Cádiz supera ya los 160 millones de euros. Por último, la moción insta a todos los grupos presentes en el Parlamento andaluz a promover una nueva ley reguladora de la Patrica que establezca un porcentaje sobre los tributos e ingresos ordinarios e incondicionados, que cada año se reflejen en los presupuestos andaluces y "ayuden a garantizar una financiación suficiente a las administraciones locales para reforzar la autonomía local y la suficiencia financiera de las mismas".
Otras propuestas del Pleno
La Corporación de la Diputación de Cádiz ha celebrado el Pleno ordinario correspondiente al mes de enero, el primero del año 2025. La sesión se ha cerrado con la aprobación de diversas mociones relativas a asuntos como la mejora de la financiación de las entidades locales, el apoyo a los grandes dependientes o el derecho a la vivienda.
El grupo Socialista ha presentado una propuesta para pedir que la Diputación de Cádiz inste a todos los Ayuntamientos de la provincia a cumplir con la normativa vigente en materia de inclusión en todos los eventos que se realicen bajo su término municipal, así como que la institución provincial tenga en cuenta el derecho a participar de todas las personas de forma inclusiva a la hora de adjudicar un patrocinio. La iniciativa se fundamenta en las quejas recibidas por colectivos de personas con discapacidad, en relación a la organización del evento Family Weekend en El Puerto de Santa María. Se aprobó con los votos a favor de PSOE e IU y la abstención de PP y La Línea 100x100.
En otra moción, los socialistas han defendido que se solicite al Gobierno de España actualizar y adecuar la normativa reguladora de las pensiones no contributivas, a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta la situación de grandes dependientes que puedan incurrir en supuestos de desprotección social y analizando de forma especial el impacto en estas pensiones de la percepción de ingresos procedentes de instrumentos de ahorro. También ha pedido el PSOE que se incluyan en los presupuestos medidas como el aumento de la inversión en vivienda pública, la construcción y rehabilitación de viviendas sociales para ampliar la oferta de alquiler asequible, la adquisición de viviendas vacías para destinarlas a alquiler social, el apoyo a jóvenes y familias vulnerables, la ampliación de programas como el Bono Alquiler Joven, y el impulso a la colaboración público-privada con empresas y ayuntamientos.
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