"Acusada también en la pieza de Fitur, Isabel García Jordán se ratificó en un escrito presentado a la Audiencia Nacional dos meses antes en el que "se expone con detalle" el método de adjudicación de contratos a la red de Correa en Jerez, según afirma ahora la Fiscalía en su escrito", expone este diario digital. Según su confesión, "García-Pelayo no se limitó a firmar los contratos sino que participó en dos reuniones en las que se decidió beneficiar a la red de corrupción. García Jordán logró que la Fiscalía rebajara su petición inicial de 7 años y 9 meses de cárcel a 1 año y 11 meses por su participación en esta pieza separada de Gürtel". Pelayo, que declaró como testigo, dijo que solo había pisado la calle Serrano de Madrid —donde se encontraba el entramado de Correa— para "ir al Zara".
Álvaro Pérez El Bigotes corroboró en julio pasado la asistencia a esas reuniones de Pelayo. En el juicio de la Audiencia Nacional, otra de las testigos que señalaba García Jordán, la apoderada de Orange Market Mónica Magariños, ratificó los hechos. Además, en el juicio oral, un testigo que trabaja en el Ayuntamiento de Jerez, Santiago C.G, aseguró que Cuberos "le puso de manifiesto el conocimiento de la alcaldesa de todo lo relativo a la organización de Fitur", añade, según lo publicado por eldiario.es, el fiscal Juan Carlos López Coig, quien considera este testimonio "igualmente significativo". Según ultima, "el fiscal solicita que se acuerde la reapertura del procedimiento contra María José García Pelayo y citar como testigos a Mónica Magariños, Álvaro Pérez y Santiago C.G, así como a la propia Isabel Jordán, que cumple actualmente condena en la cárcel. El juez Antonio del Moral ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía antes de adoptar una decisión".Fiscalía pide al Supremo que reabra la acusación contra Pelayo por la pieza jerezana de la Gürtel
Asegura que hay "nuevos y relevantes elementos probatorios" contra María José García Pelayo, número 1 del PP por Cádiz al Congreso el 10N, en adjudicaciones irregulares a la red de Correa cuando era alcaldesa
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