El Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, siguiendo la línea marcada por el partido, critica al Ejecutivo central por el decreto de ahorro energético pero al mismo tiempo se compromete a cumplirlo. Aunque dice que se plantea recurrirlo ante el Tribunal Constitucional —para lo que apurará el plazo de tres meses establecido—, también se marca como objetivo superar el 7% de ahorro que ha anunciado el Estado como meta de rebaja del consumo energético.
Es la primera medida de calado en la que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se encuentra ante una encrucijada: la de seguir la estrategia de su partido, el PP, que en la Comunidad de Madrid recurrirá el decreto de ahorro energético, y mantener su imagen de Ejecutivo moderado y dialogante. Un equilibrio nada fácil de mantener. "Ahora tenemos tres meses para analizar su contenido desde el punto de vista competencial", ha anunciado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, cuando se le ha preguntado si Andalucía también lo recurrirá.
"Tenemos tres meses y lo analizaremos con profundidad", ha proseguido afirmando el consejero, quien ha argumentado sobre la estrategia del Gobierno andaluz que se trata de "un Gobierno que apuesta por soluciones, que agota todas las vías", por cuanto ha remarcado que el Gobierno andaluz quiere "poner el énfasis en un modelo energético claro", convencido en este sentido de que "lo tenemos".
El consejero de la Presidencia ha precisado que, ante las dudas jurídicas con cualquier norma, "para eso existe el gabinete jurídico, que hará los análisis correspondientes", un paso previo antes de que la última palabra sobre la decisión la tome el Consejo de Gobierno. "Lo que hacemos es derivar ese análisis al Gabinete Jurídico para que después hagamos los análisis en el Consejo", ha precisado Sanz.
Medidas para ahorrar
El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha asegurado que el Gobierno andaluz "cumplirá su responsabilidad con el ahorro energético" así como con los compromisos de España con "sus socios europeos", aun cuando ha insistido en que "no compartimos ni las formas ni el fondo" y en que "el Gobierno no ha querido escuchar".
Paradela ha indicado que con las medidas de ahorro energético del Gobierno andaluz, ejecutadas en 5.000 puntos de suministros, entre los que se incluyen colegios y centros sanitarios, la pretensión de la Junta de Andalucía es "superar ese 7% de ahorro energético como Administración", una meta acordada por el Gobierno con la Comisión Europea, un hecho que ha presentado como "una obligación y una ambición de superarlo".
El consejero de Política Industrial ha subrayado que mientras que "la Unión Europea lo que ha hecho es consultar a los Estados miembros los niveles de ahorro" esa estrategia no se ha reproducido en España, antes de demandar que la fórmula pensada por el Gobierno andaluz hubiera sido la de hacer "recomendaciones al sector privado en lugar de la vía de las imposiciones".
El Ejecutivo andaluz ha señalado que trabaja ya en el diseño de un paquete de medidas para profundizar en el objetivo de reducir el consumo energético de la Administración autonómica y hacer más eficientes energéticamente sus sedes administrativas, así como otros edificios públicos.
Con el referente de la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (Redeja), que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, se encarga de la gestión de un contrato centralizado que engloba 5.000 puntos de suministro eléctrico entre hospitales, institutos, instalaciones deportivas, oficinas administrativas y universidades andaluzas y que, por primera vez en Andalucía, garantiza que el 100% del suministro procede de energías renovables, lo que contribuye a una disminución de 500.000 toneladas de CO2 anuales.
La ejecución de un plan masivo de optimización de potencia contratada para adecuarla a las necesidades reales de los edificios; auditorías energéticas con el objetivo de definir las acciones necesarias a acometer; el análisis para la implementación de fuentes de energía renovable y fomento del autoconsumo, así como el control de los consumos para detectar desviaciones importantes son algunas de las medidas que recoge el plan.
Entre las iniciativas que la Administración autonómica ya tiene puestas en marcha en línea con su compromiso medioambiental y de ahorro energético destacan el Plan de Inversiones Redeja para mejorar la eficiencia en edificios como sedes judiciales y hospitales, por ejemplo, en los que está invirtiendo 27 millones de euros financiados con fondos Feder, así como el impulso de una contratación centralizada para la realización de estudios energéticos en edificios públicos que permitirá optimizar costes y agilizar los procedimientos para la contratación de estos informes. La Junta mantendrá como una línea prioritaria de actuación estas inversiones de mejora energética en sus edificios con fondos Feder en el marco financiero plurianual 2021- 2027.
Asimismo, desde el pasado mes de febrero, la Junta cuenta con una nueva flota de 147 vehículos 100% eléctricos, que han supuesto una inversión global de 5,2 millones de euros (cofinanciados a través del programa Moves), y durante la última legislatura los 10 programas de ayudas gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía para instalar autoconsumo en hogares y empresas, para almacenamiento, para mejorar la eficiencia energética de viviendas, negocios e industrias, y para apostar por la movilidad sostenible han movilizado inversiones cercanas a los 1.730 millones de euros para la realización de más de 38.800 proyectos de mejora energética en Andalucía.