El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Jerez ha resuelto la demanda de derechos fundamentales presentada por todos los concejales del PP, salvo Antonio Montero, desestimándola íntegramente y condenándoles a las costas judiciales, al considerar que “el acuerdo de Pleno por el que se aprobó el Presupuesto General de 2020 no lesionó sus derechos fundamentales, por tanto refrendando la legalidad del acuerdo”.
Entonces, el PP reclamó porque el acuerdo de pleno fue convocado para un 14 de agosto de forma urgente. Consideraba que no estaba justificada esa urgencia e indicó que no se le había dado a conocer toda la documentación. El acuerdo de Presupuestos salió adelante, pero volvió a celebrarse una segunda vez, en septiembre, teniendo el mismo resultado, su aprobación.
"La aprobación definitiva del Presupuesto General del pasado año fue sometida en un primer momento a un Pleno extraordinario y urgente, que fue recurrido por los citados concejales del PP por considerar que el procedimiento de urgencia lesionaba sus derechos fundamentales. Procedimiento de urgencia que ha venido siendo utilizado con total normalidad por todos los gobiernos municipales, sin que ningún grupo político lo recurriese ante el juzgado", asegura el gobierno municipal.
Así, desde el ejecutivo alegan que “el Partido Popular cuando gobernó en el Ayuntamiento convocó hasta once Plenos extraordinarios y urgentes, sin que nadie lo recurriese. Pese a ser la urgencia un procedimiento normal en su gobierno, los concejales del PP presentaron recurso. Ante ello y para no tener judicializado el Presupuesto, el gobierno municipal efectuó una nueva convocatoria de Pleno, en este caso sin procedimiento de urgencia, lo cual no bastó para que los concejales del PP retirasen el recurso, que el juzgado ha venido a desestimar en su integridad”.
Ante ello, la Primera Teniente de Alcaldesa y Delegada de Economía, Laura Álvarez, manifiesta que "estábamos convencidos de que la justicia nos daría la razón y desestimaría el recurso del PP que, una vez más, ha demostrado el afán que tienen por judicializar la gestión municipal, usando a las instancias judiciales para hacer el tipo de política destructiva que les caracteriza. Y todo ello se reviste de mayor gravedad cuando son capaces de recurrir ante el juzgado procedimientos que ellos hacían con total normalidad y ningún grupo de la oposición les demandaba por ello. En todo caso, claramente perseguían dejar a la ciudad sin Presupuestos y felizmente no lo han conseguido".
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