Un nuevo escándalo de la llamada 'policía patriótica' del Gobierno de Mariano Rajoy ha llegado ya a la Audiencia Nacional. Es el presunto espionaje policial, sin causa y sin amparo judicial, a los 69 diputados en el Congreso que obtuvo Podemos tras las elecciones de final de año de 2015. Ahora, una operación policial investiga si el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior, habría impulsado junto al comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, una búsqueda en las bases de datos para buscar réditos políticos y atacar así a la recién nacida formación morada. Así lo han adelantado El País y eldiario.es.
Este caso se une a otros como el montaje del comisario Villarejo, el llamado informe PISA, Pablo Iglesias SA, por el que se atribuyeron falsedades contra el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno. Ahora, una conversación de Whatsapp entre Martínez y García Castaño ha iniciado estas investigaciones. Esa conversación está en las pesquisas por el llamado Caso Kitchen, que trata de arrojar luz a las supuestas órdenes de la cúpula del Gobierno de Rajoy a altos mandos policiales para espiar ilegalmente al extesorero del PP Luis Bárcenas, autor de los llamados Papeles de Bárcenas que atribuyeron cobros en B a multitud de dirigentes del PP.
En la conversación, Martínez pregunta por los antecedentes de los dirigentes de Podemos. "Joetxu Arrieta, el único que tiene pertenencia a ETA", cuenta García Castaño. Martínez insiste en preguntar si estuvo condenado. "¿Digo que si los demás están limpios? ¿Tampoco violencia callejera, anarcas, etc.?", insiste el dirigente del PP. "Lo vuelvo a mirar, pero creo que no", responde García Castaño. "Cagüenlaputa (…) Alguno tiene que ser chungo", responde Martínez. En un momento de la conversación, Martínez pregunta de nuevo por "los otros". "El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro".
Precisamente, por ese rastro está investigando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya que se trata de decenas y hasta centenares de consultas en bases de datos policiales a los líderes de Podemos de entonces, y al resto de diputados rasos de la formación. En total, casi 7.000. Esto incluye a Pablo Iglesias, a los más cercanos a éste entre 2015 y 2016, como Íñigo Errejón o Pablo Bustinduy, o a otros que más tarde serían importantes en la izquierda, como la ministra Yolanda Díaz, o las exministras Ione Belarra e Irene Montero.
Por un lado, la consulta sin causa en bases de datos policiales no sería legal, menos aún cuando se convierte en una sistemática a causa de pertenecer a un partido político. Por otro, lo que trasluce es una investigación que buscaba réditos simplementes políticos y electorales, de descrédito de Pablo Iglesias y los suyos. Que, además, vino a funcionar políticamente, denuncia Pablo Iglesias, quien habla desde hace años de una cacería política y mediática en base a atribuciones falsas, como aquel informe de Villarejo que le conectaba con pagos ilegales desde Venezuela. Iglesias habla de "cacería política, policial, judicial y mediática".
En un editorial de Diario Red, un medio del que es director actualmente Pablo Iglesias, se señala que "lo ocurrido durante aquellos años es gravísimo y, en cualquier democracia desarrollada, el partido político responsable de utilizar a la Policía para intentar destruir de forma ilegal a sus adversarios seguramente se habría disuelto o habría sido ilegalizado". Y añade: "Nadie debe olvidar que en ningún caso el objetivo de las cloacas era el de producir sentencias condenatorias. Al fin y al cabo, no había absolutamente nada detrás de las acusaciones".
En ese artículo, señala que todo fue orquestado para dar a medios de comunicación y periodistas informaciones falsas que irían minando a la formación. "Las cloacas fueron (sobre todo) mediáticas".
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