La ministra de Justicia, Pilar Llop, tiene sobre su mesa desde el 1 de septiembre del año pasado la petición de indulto parcial de la pena de prisión por razones de "humanidad y equidad" presentada por la esposa de José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, y sus tres hijos, Manuel, Ana y Miguel. Se trata de "un ciudadano de 76 años de edad con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el estado del bienestar" y por "un profundo respeto a las instituciones del Estado", manifiestan.
Seis de los ocho condenados por el caso de los ERE en Andalucía están ya en prisión. Tan solo quedan fuera el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
El primero aquejado de un cáncer de próstata y el segundo por otra grave enfermedad. La Audiencia de Sevilla acordó el pasado viernes que un informe forense del Instituto de Medicina Legal de Andalucía sobre su estado de salud, antes de decidir si tiene en cuenta la petición de suspensión de su ingreso en la cárcel.
Paralelamente más de 5.000 personas han mostrado ya su apoyo a José Antonio Griñán, expresidente andaluz condenado a seis años de prisión por el caso ERE. La lista aumenta día a día, personajes del mundo político, empresarial, cultural y deportivo han rubricado un documento en el que se suman a la petición de indulto para Griñán. Sin embargo es la petición de su familia la que más impacto está causando en la dirección del PSOE y el propio Gobierno.
La solicitud de la familia está "alejada por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial" y se ampara "expresamente en razones de humanidad y equidad" desde "el total respeto a las instituciones. Defienden que Griñán siempre ha mantenido "un prudente silencio" respecto a los tribunales "en contraste con la exacerbada exposición mediática sufrida durante estos últimos años".
Y añaden que, "tras más de 40 años consagrado al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario, como acredita su patrimonio, que es público y conocido y ha sido objeto de investigación durante el caso, sin que en ningún momento se haya producido en absoluto enriquecimiento personal ni familiar".
Su familia resalta que Griñán "ha sufrido, y sigue sufriendo, el permanente deterioro psicológico y moral de ver su nombre expuesto a debate público, afectando ello a su intimidad, su honor, su imagen y a su presunción de inocencia". Y que vive en "una reclusión en el entorno familiar para protegerse en este penoso trance vital, con unas graves consecuencias y limitaciones cotidianas especialmente dolorosas por su relevancia pública, que le dificultaron, y en gran parte impidieron, disfrutar de un modo de vida ordinario".
Lamentan "la manifiesta desproporción de la condena impuesta en comparación a la de otras personas que sí incrementaron su patrimonio en diferentes casos de similar repercusión". "Personas de muy distintos pareceres e ideas, representativas de una enorme diversidad de ámbitos sociales, profesionales, empresariales, sindicales, culturales, académicos y deportivos, muchas de ellas de gran notoriedad, que cuentan con el reconocimiento público general” son las que figuran en el manifiesto de apoyo a Griñán.
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