Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga a un tercer mando del Instituto Armado, como parte de las pesquisas sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reforma en 13 cuarteles de la Benemérita que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, una causa donde hay otros dos uniformados y dos empresarios imputados.
Fuentes conocedoras del caso han indicado a Europa Press que se trata de un comandante que estuvo al frente de la Sección de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante al que Asuntos Internos ha tomado declaración por un presunto delito de falsedad documental, si bien todavía no ha sido llamado a sede judicial.
Por ahora, permanecen imputados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue subdirector general de apoyo del Instituto Armado; el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017; y los empresarios Salvador Gutiérrez y Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', que además aparece en el sumario del caso 'Mediador' como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, que está en prisión preventiva.
Las mismas fuentes detallan que en estos momentos el foco está puesto en Vázquez Jarava, al que los investigadores atribuyen delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.
Este caso lleva al menos ocho meses paralizado en el juzgado madrileño a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en 13 comandancias de la Guardia Civil: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.
Investigación en Madrid
Fuentes jurídicas han explicado que la titular del juzgado madrileño a cargo de la investigación, la magistrada María Isabel Durantez, intenta esclarecer si el importe destinado a las reformas de las comandancias de la Benemérita se corresponde con los trabajos realizados y que —aunque encargó un informe pericial el año pasado— hasta el momento permanece a la espera de las conclusiones de los expertos.
La investigación que se instruye ahora en Madrid procede de unas diligencias penales abiertas en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil.
No fue hasta 2021 que dicho juzgado se inhibió al considerar que no era competente porque el teniente general investigado tenía la sede oficial en Madrid. Así las cosas, la causa la asumió el juzgado madrileño, en el que hasta ahora no se ha tomado declaración a ninguno de los cuatro investigados, según han señalado las fuentes consultadas.
UP desaconseja al PP una comisión de investigación en el Congreso
El portavoz adjunto de Unidas Podemos y diputado de IU, Enrique Santiago, ha avisado este sábado al PP de que la investigación del caso 'Mediador' está ampliando a la Guardia Civil la participación en la trama, por lo que ha desaconsejado una comisión de investigación en el Congreso sobre este extremo.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya adelantó este pasado viernes que su formación votará en contra de la propuesta del PP para crear una comisión de investigación sobre 'Mediador' en la Junta de Portavoces del próximo martes.
Según la investigación, la trama 'Mediador', presuntamente encabezada por el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado 'Tito Berni', se beneficiaba de mordidas a empresarios. El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas sería el encargado de extorsionar a empresarios. Ahora, hay otros dos altos mandos del cuerpo supuestamente involucrados en la trama.
"No me parece correcto en estos momentos llevar una comisión parlamentaria que afecta a altos mandos de la Guardia Civil", ha señalado Santiago en declaraciones concedidas a RNE, recogidas por Europa Press, antes de pedir al PP "responsabilidad".
A juicio de Santiago, "hay que ser cuidadoso con estos temas" y "dejar que los tribunales hagan su trabajo". De forma paralela, ha alabado la "celeridad" con la que están actuando la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para esclarecer el caso.