El magistrado José Ignacio Vilaplana del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla emitió un auto el pasado 21 de diciembre en el que recoge que el teniente de alcaldesa de Jerez, Francisco Camas, trabajó en la extinta Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), primero como técnico y luego como director del centro en Jerez, “sin desempeñar una labor real” y “sin cometidos concretos”.
Camas estuvo “percibiendo además un salario muy superior a su nivel o categoría profesional”, recoge el magistrado en un auto al que ha tenido acceso ABC, por lo que está citado a declarar en la causa abierta por su presunta contratación “ilícita” en la Faffe, que fue absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en 2011.
Francisco Camas trabajó en el Fondo de Promoción para el Empleo (FPE), que desapareció en 2003, y poco después fue contratado por la Faffe, cuando se encontraba en paro. El juez Vilaplana reseña que estuvo percibiendo “emolumentos, prestaciones y salarios, sin que conste que trabajara realmente” en una fundación que existió entre 2003 y 2011.
El teniente de alcalde jerezano, con estudios en Sociología, fue contratado por la fundación pública “sin más mérito que su afinidad y vinculación política con los responsables de la Faffe, en particular con el señor Villén Rueda”, detalla el auto del magistrado. Fernando Villén, quien ocupara la secretaría de Empleo en la ejecutiva regional del PSOE, se enfrenta a seis años de cárcel por su presunta actividad ilícita al frente de la Faffe.
En el expediente personal de Camas “no consta que haya seguido proceso selectivo alguno para proceder a su contratación”, reseña el auto, que no hubo “valoración o contraste de la actitud o idoneidad del sujeto a contratar” y que su contratación “se habría llevado a cabo de manera injusta y arbitraria” y “de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación”.
El juez José Ignacio Vilaplana apunta que “el solo compromiso de emplear al 60% de los trabajadores procedentes del FPE —Fondo de Promoción para el Empleo, donde trabajó Camas— sin convocatoria y sin un criterio y proceso público de contratación resultaría de todo punto insuficiente para acceder al puesto de trabajo”, ya que cuando Camas estaba en “situación de desempleo” fue contratado “por la sola y simple voluntad de los responsables” de la Faffe.