El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado recientemente un auto en el que ha requerido a la Junta de Andalucía que facilite documentación que sirva para dilucidar qué ocultan los contratos "opacos" por importe de 9,4 millones de euros, y si éstos sirvieron para pagar las nóminas de los, al menos, 84 supuestamente 'enchufados' en la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) por su vinculación con el PSOE.
Como adelantó El Mundo, el auto, con fecha del pasado 24 de febrero, acuerda que se libre oficio al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta para que "a la mayor brevedad posible" facilite al juez instructor "copia auténtica de las instrucciones", con "indicación de la fecha exacta", que debió aprobar la Faffe para regular "sus procedimientos de contratación respecto a los contratos no sujetos a regulación armonizada". Este tipo de contratación, según las fuentes del caso consultadas por el referido periódico, "podría enmascarar los fichajes de los trabajadores de la Faffe que fueron supuestamente 'enchufados' y no superaron ningún tipo de proceso selectivo. Los contratos no sujetos a regulación armonizada son "opacos", carecen de publicidad y permiten una adjudicación a dedo".
Aparte de carecer de publicidad, los fichajes afines a dirigentes socialistas también tienen indicios de "ilícito mantenimiento" de forma irregular en distintos puestos de trabajo creados ex profeso, según el juez, para justificar supuestos servicios profesionales con el consiguiente cobro de retribuciones.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios llevó ante el juez en mayo de 2018, como ya publicó este medio, la lista con los nombres y apellidos de más de 80 personas que fueron alcaldes o concejales socialistas o son familiares de dirigentes del PSOE, o incluso el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas, y la hermana del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y que fueron enchufados en Faffe. En su denuncia, este sindicato advertía de que estas personas fueron contratadas simplemente por razones de "clientelismo político o nepotismo".
La documentación que reclama el juez al SAE sobre los contratos "opacos" de la Faffe tendrá que ser entregada también a los peritos que están analizando el caso, ha publicado El Mundo, "por ser de especial interés para su dictamen", dice el fiscal Anticorrupción en el escrito en el que pide al instructor que solicite esta información a la Junta. El importe de estos contratos se eleva exactamente a 9.465.332 euros.
La comisión, sin avances
La comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) fijó su última sesión el pasado 5 de marzo, citando a dos ex directores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en concreto, Antonio González Marín y Antonio Toro Barba. Si el primero defendió el buen funcionamiento del ente público, el segundo se negó a declarar.
Se da la circunstancia de que tanto Antonio González como Antonio Toro —que fue también director del Servicio Estatal de Empleo (SEPE)— comparecieron en el año 2016 en la comisión de investigación entonces creada en el Parlamento sobre el presunto fraude en la formación profesional para el empleo.
La penúltima sesión de la comisión de investigación de la Faffe se celebró el pasado 19 de febrero con una única comparecencia, la de la exdirectora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo de la Junta María Teresa Florido Mancheño, quien respondió a las preguntas de los parlamentarios pero aseguró que no tenía "nada que ver" con la Faffe, por lo que no entendía el motivo por el que hubiera sido citada.
Previamente, la primera sesión que la comisión celebró en el actual periodo de sesiones se desarrolló el 5 de febrero con las comparecencias de los exsecretarios generales de Empleo de la Junta Francisco Javier Aguado y Julio Samuel Coca, si bien ambos se acogieron a su derecho a no declarar y a no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.
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