Casi una década después de que la Junta de Andalucía socialista activara unos planes de formación para unos 600 parados tras el cierre de la multinacional Delphi en la Bahía de Cádiz, los dos ex consejeros de Empleo que repartieron los fondos para dichos cursos, Antonio Fernández y Manuel Recio, se enfrentan a un juicio en el que se les pide una pena de cárcel de 8 años por un supuesto fraude que acabó con el dinero público, 33,3 millones de euros, hasta en cuentas en Luxemburgo.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto juicio oral por las ayudas millonarias que recibió el entremado de empresas (muchas, ficticias) del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda (eximido de su responsabilidad penal por haber fallecido en diciembre de 2021) para formar y contratar a exempleados de la multinacional de automoción.
En su auto de esta semana, el juez José Ignacio Vilaplana ha impuesto fianzas a ambos ex consejeros, acusados de prevaricación y malversación, por 36,5 millones de euros. 26.816.815,70 euros para Fernández (que volvió hace meses a prisión después de diez años tras ratificarse por el Supremo la causa principal de los ERE de Andalucía, donde fue condenado junto a otros 14 ex altos cargos del Gobierno andaluz socialista, entre los que están los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y 9.721.147,95 euros para Recio.
Como publicó El Mundo, uno de los autos judiciales señala que el exconsejero Ojeda constituyó en 2011, a través de siete sociedades de su entramado y "con los beneficios procedentes de la defraudación" de las subvenciones millonarias que le concedió la Junta, una "serie de productos financieros" en la entidad EFG Bank de Luxemburgo SA, sucursal en España, "de los que sería beneficiario último el propio Ojeda".
Además, recogen los autos judiciales, con el dinero repartido desde la Junta se defraudó a la Seguridad Social, simulándose contratos de trabajo y alargándose prestaciones. Esta "simulación", recoge el magistrado, generó prestaciones de la Seguridad Social "indebidas" a un gran número de ex trabajadores de Delphi, con la "colaboración" de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda. Además, las ayudas sirvieron para "mantener las percepciones de los extrabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo".