El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al tercer decreto de simplificación administrativa de la legislatura con la intención de facilitar los trámites a los inversores. Aunque el decreto fue presentado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, este pasado lunes, rodeado de empresarios, ha sido este pasado martes cuando realmente lo ha aprobado el Consejo de Gobierno. La intención del Ejecutivo es que el 22 de diciembre pase por el Pleno del Parlamento de Andalucía para ser aprobado definitivamente.
Según el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, Andalucía se convierte en la primera comunidad que aprueba una norma “para suprimir normas”. En total, el decreto contiene 330 medidas que afectan a 80 normas en 33 áreas distintas. El objetivo para la Junta de Andalucía es “ser atractivos para la inversión”. Para Elías Bendodo, portavoz del Gobierno, se pretende “facilitar la vida a los andaluces”. Sin embargo, este decreto ofrece un peligroso marco desregulador, como han denunciando los sindicatos, ya que por ejemplo incluye la reducción de los informes medioambientales necesarios para poner en marcha un proyecto.
Rogelio Velasco ha calificado este decreto como un decreto “sin ideología y realizado desde el sentido común”. A estas palabras, Bendodo ha sumado que ningún partido “puede negarse a la simplificación administrativa” y ha insistido, como durante las negociaciones para otras normas, que este decreto “es bueno para Andalucía”.
La Junta defiende que con esta modificación se acaban los “portazos” que se les daba a las inversiones y provocaban que acabasen en otros territorios. El Gobierno lo ha denominado como un “muro burocrático” que trataba como “sospechosos” a los inversores. Ahora, se pretende simplificar “al límite” la gestión administrativa.
Todo ello supone un riesgo para controlar el destino de las ayudas, subvenciones y demás fondos que se den, ya que, en muchas ocasiones, sólo será necesaria una declaración responsable. Para Velasco no puede haber controles “ex ante” —antes del suceso— y, además de confiar “en los andaluces y su responsabilidad”, ha manifestado que los controles de la consejería de Empleo “son suficientes” para garantizar que sucesos ocurridos en gobiernos anteriores con el dinero público no vuelvan a ocurrir.
El decreto, que está inspirado en los sistemas de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Alemania, necesita tiempo para ver su impacto en el tejido productivo andaluz. Velasco confía en que sirva para hacerlo “más eficiente, competitivo, internacionalizado”. Por su parte, aunque Bendodo ha presumido de diálogo y consenso, esta norma llega sin el visto bueno de los sindicatos y el apoyo de la oposición en el aire.
Rechazo de los sindicatos
Pese a ser una nueva norma del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos que se presenta supuestamente “sin ideología” y presumiendo de “diálogo social”, tanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Unión General de Trabajadores (UGT), han manifestado su disconformidad y rechazo ante este tercer decreto de simplificación administrativa presentado por la Junta.
UGT ha denunciado la “falta de compromiso del Gobierno con el Diálogo Social” y ha criticado no haber podido presentar ninguna propuesta. Además, UGT explica que no ha tenido acceso a ningún documento y que todas las negociaciones han sido con la patronal y los colegios profesionales, dejando a los sindicatos a un lado. Esta organización también señala uno de los puntos más polémicos del decreto, la reducción de controles medioambientales en los proyectos. El sindicato teme la “desregularización” en este ámbito para poner en marcha proyectos empresariales.
En la misma línea se ha posicionado CCOO, “una cosa es eliminar trámites innecesarios y duplicidades y otra quitar elementos de garantía y seguridad en la gestión pública para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas”. También se hace hincapié en las consecuencias medioambientales, ya que, desde el sindicato, creen que “establecer declaraciones responsables pueden provocar daños irreparables en el medio ambiente”.
Otra de las denuncias realizadas por Comisiones Obreras es que desde la Junta “están ocultando información a los representantes sindicales”, un hecho que relacionan con la presentación del decreto en un acto con los empresarios. “Nos hace pensar que estamos ante un Decreto totalmente perjudicial para los intereses de los trabajadores y trabajadoras”, ha declarado la secretaria general, Nuria López.
La oposición no conoce el texto
Tanto para esta norma como para próximas leyes que se debatirán en el Parlamento, Elías Bendodo se ha vuelto a referir al diálogo a “izquierda y derecha” para conseguir los apoyos suficientes ya que, desde la ruptura con Vox, el Gobierno carece de votos para continuar con el mandato. Sin embargo, desde Unidas Podemos por Andalucía denuncian que el texto de este decreto aún no se ha puesto en conocimiento de los grupos parlamentarios.
La formación que dirige Inmaculada Nieto en el Parlamnto de Andalucía señala que “no ha existido ningún diálogo previo con la oposición”, sumado al desconocimiento del contenido. La postura de Unidas Podemos es similar a la de los sindicatos y temen que esta simplificación suponga “la supresión de garantías y elementos de seguridad imprescindibles en la gestión pública, como ha ocurrido en la Ley del Suelo”.
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