Noviembre pasado comenzaba con quejas por la aprobación de un estado de alarma demasiado largo que se prolongaba hasta el presente mayo y en el que el Gobierno de España dejaba casi toda la capacidad de decisión y de limitar determinados derechos a las Comunidades Autónomas. A partir del próximo domingo, 9 de mayo, nada será, presumiblemente, como lo vivido en los últimos meses. Ni límites horarios para llegar a casa, ni imposibilidad para ir a las playas de otra provincia o para visitar Sierra Nevada pese a no haber pagado los preciados forfaits que durante varios meses han sido el único salvoconducto disponible.
Desde el 9 de mayo, aquellas restricciones que afectan a derechos fundamentales, como la propia movilidad o el derecho de reunión, no se podrán aplicar salvo situaciones excepcionales bajo el amparo de un juez. Pero Andalucía tiene un plan, aunque aún no sabemos cuál es. Así lo ha anunciando el Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, acompañado del titular de Salud, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno. Como viene siendo habitual, Bendodo ha acusado a Sánchez de no haber aprobado un plan b, “a pesar de haber tenido 15 meses” que permita a los gobiernos autonómicos llevar a cabo determinadas medidas sin necesidad de acudir a los tribunales.
Sin embargo, pese a que la Junta dice que sí tiene un marco propio de actuación, aún no ha dado a conocer los detalles de la desescalada que tendrá lugar en Andalucía desde la semana que viene. Desde la Junta se sostiene que es necesario conocer primero las intenciones que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por ello, habrá que esperar hasta el jueves o el viernes para conocer el dictamen final del llamado comité de expertos andaluz “al que estamos sometidos”, en palabras de Elías Bendodo, ya que el Consejo Interterritorial donde previsiblemente se establecerá el marco común post-estado de alarma se celebrará este miércoles.
La “transición andaluza hacia la normalidad”, como ha definido el portavoz del Gobierno este plan, contará con las propuestas que las principales consejerías implicadas en la gestión de la pandemia han recibido de los distintos sectores económicos afectados por las restricciones. La Junta ha insistido en regular la situación en cuanto a libertad de movimiento de aquellas personas ya vacunadas o inmunizadas, un debate que ya ha rechazado anteriormente la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Además, el fin del estado de alarma provoca que este tipo de diferenciación sea difícil de llevar a cabo ya que la libertad de movimiento llegará para todas las personas por igual independientemente de que hayan sido vacunadas o hayan pasado la enfermedad.
Elías Bendodo también ha criticado duramente el decreto aprobado por el Consejo de Ministros que va a permitir a las Comunidades Autónomas recurrir ante el Tribunal Supremo aquellas medidas restrictivas que no validen los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia. El consejero de Presidencia ha acusado al Gobierno de “no asumir responsabilidades ni competencias” por haber otorgado competencias plenas a los gobiernos regionales para combatir la pandemia durante el estado de alarma y ahora habilitar este mecanismo con el Alto tribunal.
Andalucía espera que el Consejo Interterritorial le otorgue el mayor número de competencias posibles, aunque preocupan dos cosas en este nuevo escenario: la imposibilidad de aislar a las personas con positivos confirmados y la dificultad que habrá para realizar cierres perimetrales en determinados territorios. En caso de que las competencias sean limitadas, los equipos jurídicos de la Junta están estudiando alternativas que permitan llevar a cabo estas dos cuestiones. La fecha límite para concretar el plan será el sábado, día en el que tendrá que estar publicado el BOJA que contendrá si la normalidad es nueva o si, por el contrario, ya es conocida por todos.