El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado este jueves en la sesión de control al Gobierno andaluz del Parlamento que "la Escuela Andaluza de Salud Pública no se cierre". Interpelado por el resto de grupos, Aguirre ha querido cerrar un asunto que sigue aún en el aire. Un informe pagado a una consultoría externa pedía el cierre de la Escuela, situada en Granada, para fundirla con otras entidades andaluzas relacionadas con la salud. El consejero no ha aportado más detalles y apenas se ha referido a cuestiones como la laboral, indicando que los puestos de trabajo no se van a perder, y que seguirá ubicada en la misma sede.
Pero el plan de la Junta sí es integrarla, como indicaba el citado informe, en otras fundaciones. Así, el plan es crear el Instituto Andaluz de la Salud, explica el que fuera director de la EASP Joan Carles March. Dentro iría las otras instituciones dedicadas a la materia y el área de formación sanitaria seguiría siendo la propia Escuela.
"Creo que están pensando en una Escuela que no es la que es. Centran mucho sus comentarios en la formación. No entienden que es una institución que no existe en España. Porque la Escuela Andaluza de Salud Pública también hace investigación, consultoría y salud global y cooperación internacional".
La cuestión, señala March, es que "nuestra actividad formativa se nutre de investigación, o de las labores de consultoría a otras comunidades, o a laboratorios privados... Es el gran problema". Pone como ejemplo la Universidad, donde los docentes investigan y dan clases y todo se retroalimenta.
La labor de la EASP se traduce, efectivamente, en formación a sanitarios, por ejemplo, pero "trabajamos otros aspectos". Enumera March los trabajos realizados en "promoción de la salud, gestión, comunicación sanitaria, divulgación, recursos humanos, financiación y costes... Eso es lo que sitúa a día de hoy a la Escuela como una de prestigio a nivel mundial, y lo quieren meter todo en un espacio pequeño. Error".
Sí señala March algo con lo que está "de acuerdo con el conejero, y es unir la formación que se presta desde Iavante con la de la Salud Pública, pero no por eso tiene que rodear la Escuela, sino que las otras actividades vengan".
El plan de la Junta es similar al de la eliminación de la Fundación Tres Culturas, la Barenboim-Said y El Legado Andalusí: unirlas para crear una sola a través de la cual se pongan en común funciones y, si bien queda atrás las críticas desde la oposición que dedicaba el PP a la llamada administración paralela, supone darle una nueva forma legal menos compleja. Dicho sea de paso, por administración paralela se entienden todas las entidades que funcionan con capital público pero desarrollan una actividad independiente o bajo forma jurídica privada, ya sean empresas públicas (SL) o fundaciones.
La idea actualmente, indica March, es que se lleve a cabo el proceso con la Fundación Progreso y Salud y el Fibao, como señalaba el informe que confirmó las intenciones de la Junta, pero también el personal de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, que sí depende directamente de la Consejería. En todo caso, si solo se dedica el trabajo de la Escuela a la formación, el resto del personal, siguiendo lo dicho por Aguirre en el Parlamento, el que no se dedica a formación, tendrá que ser recolocado, algo de lo que ya habló en una reunión la Junta con la plantilla en diciembre. Podrá ser en otras provincias, posiblemente. El temor, de cumplirse esa promesa, no es el empleo, sino que la Escuela deje de ser lo que ha sido si se integra y pierde dentro de una nueva entidad. "En una pandemia, teniendo una Escuela de tanto prestigio, no hay que hacer menos Salud Pública sino más. Lo necesita no ya Andalucía, sino España", remacha March.