Al inicio de la legislatura, el Gobierno andaluz de PP y Cs iban a cerrar agencias "innecesarias" y han encargado unas auditorías por 3 millones de euros que no hacen públicas. De momento, atacarán a las nóminas y, llegado el caso, a los puestos de los altos cargos de las empresas, agencias y entes satélites de la Administración autonómica. Un agujero negro al que, al menos en esta legislatura, no parece que se le vaya a poner coto.
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía ha puesto este pasado martes en conocimiento del Consejo de Gobierno el inicio del procedimiento para elaborar el decreto por el que se aprueba el estatuto del personal laboral directivo profesional en las entidades instrumentales del sector público andaluz —lo que el PP llamaba en la oposición los chiringuitos de la Junta—, que regulará su selección y evaluación tras "muchos años de vacío normativo".
De esta manera, someterá a estos directivos a evaluación anual, de forma que no alcanzar el 30% de los objetivos comprometidos será causa de cese, y su sueldo incluirá una parte variable cuyo cobro también estará sujeto a alcanzar, al menos, el 50% de dichos objetivos, según ha expuesto Juan Marín, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
Marín ha explicado que el Estatuto Básico del Empleado Público dispone que los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán desarrollarlo mediante el establecimiento del régimen jurídico específico del personal directivo, así como de los criterios para determinar su condición, pero "durante muchos años ha existido un vacío normativo" al respecto en Andalucía.
Por eso, según ha defendido, resulta "oportuna" la aprobación de un estatuto para dicho personal "en aras de la modernización de la Administración autonómica y la profesionalización de los directivos del sector público andaluz". Este estatuto del personal directivo profesional en las entidades instrumentales pretende regular, entre otros, "aspectos tan decisivos como su régimen retributivo, la duración de su mandato, sus causas de cese, el sistema de provisión de dichos puestos, el proceso selectivo, el órgano encargado de su selección, el sistema para evaluar su desempeño profesional y el órgano evaluador del mismo".
La evaluación tendrá efectos directos y puede ser causa de cese cuando no se alcance el 30% de los objetivos comprometidos. Asimismo, se prevé que, en función de la evaluación, se vean afectadas las retribuciones, ya que éstas tendrán un componente variable, incluyendo incentivos por objetivos sin que haya derecho al cobro cuando el grado de cumplimiento sea inferior al 50%.
Corresponde a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a través de su Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, elaborar esta normativa, según ha recordado Juan Marín, quien el pasado 21 de junio acordó ordenar el inicio del procedimiento para la elaboración del decreto por el que se aprueba el Estatuto del personal laboral directivo profesional en las entidades instrumentales del sector público andaluz.
Por otra parte, Marín también ha recordado que, con carácter previo a la elaboración de este decreto, desde el 1 de enero de 2021 están en vigor unas instrucciones aprobadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y remitidas a los responsables de los diferentes entes instrumentales que componen el sector público andaluz para regular la selección y evaluación del desempeño de las funciones de los nuevos directivos nombrados a partir de esa fecha, conforme a los criterios que el futuro decreto hará de obligado cumplimiento.
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