En los últimos meses el debate político en España ha estado marcado por las decisiones de los tribunales. La situación ha llevado a que la ciudadanía se familiarice con términos como lawfare o con las acusaciones entre políticos de querer controlar a los jueces. Cada crítica se observa y califica como una injerencia política en el Poder Judicial. El caso más claro lo ha protagonizado Pedro Sánchez con la investigación de Begoña Gómez, su mujer, durante la campaña electoral de las elecciones europeas con el juez peinado como protagonista.
El Tribunal Constitucional tiene previsto revisar durante la semana la inhabilitación de Magdalena Álvarez, ex consejera de la Junta de Andalucía, tras ser condenada por el 'caso ERE' por un delito de prevaricación. El nombre de Álvarez lo recuperó el propio Pedro Sánchez durante la reciente campaña para mostrar su solidaridad y ponerla de ejemplo con respecto a lo que ahora estaba viviendo en primera persona. Era algo inédito. Hasta el momento, el presidente del Gobierno no había mostrado su apoyo a ningún condenado andaluz.
La mención del presidente del Gobierno se produjo días antes de que se conociera que el Tribunal Constitucional iba a revisar la condena. Esto provocó que la Junta de Andalucía alzara la voz la semana pasada sembrando dudas sobre la actuación de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional, y Juan Carlos Campo. El primero se abstuvo cuando formaba parte del Supremo y el segundo fue ministro de Justicia en un Gobierno socialista.
Este cuestionamiento supuso algunas críticas de la oposición a la Junta. Sin embargo, el consejero Antonio Sanz se ha reafirmado este martes desde el Palacio de San Telmo. Pese a todo, el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, ha negado que se cuestione al Tribunal Constitucional desde el Gobierno andaluz asegurando que no ha puesto "en entredicho el papel" del Tribunal Constitucional, aunque sí le "ha llamado mucho la atención que todo a esta polémica surgiera días después de que Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE, le hiciera un homenaje a Magdalena Álvarez".
La reivindicación de la Junta llega después de que Juan Espadas acusara a Juanma Moreno de intentar orientar al Constitucional en una resolución trascendental para varios condenado por los ERE y anunciara la presentación de una queja antre el Consejo General del Poder Judicial. Si el Tribunal estima el recurso de Álvarez, tanto José Antonio Griñán como Manuel Chaves podrían beneficiarse de las reducciones de condena.
Sanz insiste en que el caso de los ERE es "un asunto que han analizado más de 20 jueces, las fiscalías de todos esos juzgados, y nunca se había puesto en cuestión la comisión del delito de prevaricación. A lo mejor había habido algunas dudas sobre malversación, pero parece que ahora se está analizando". En cualquier caso, el Gobierno andaluz niega que pretenda entrometerse en las decisiones del Tribunal. "Tenemos derecho a opinar", ha remarcado Sanz antes de poner de manifiesto que, diga lo que diga el TC, el Supremo dejó claro que es "el mayor caso de corrupción de la democracia".
"Yo no hablo ni de un juez ni del señor Espadas", que es "el que se ha metido en esto", ha añadido Antonio Sanz antes de insistir en reivindicar el "derecho a opinar" del Gobierno andaluz por su "obligación de buscar recuperar el dinero de los andaluces" que se habría perdido con este caso de corrupción, y eso "no nos lo va a prohibir" el líder del PSOE-A.