La Junta de Andalucía ha aprobado este martes un nuevo decreto ley para modificar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Una decisión que llega dos meses después de que Miguel Ángel Guzmán, ex viceconsejero de Salud, fuese 'fichado' por Asisa, una de las grandes aseguradoras del país con multitud de contratos firmados con el Gobierno andaluz.
Finalmente, tras el revuelo, Guzmán frenó su incorporación. La Junta dio luz verde a este movimiento, pero a partir de agosto. La norma ha sido presentada por José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública.
Nieto ha reconocido que cuando estalló el caso, el Gobierno de Juanma Moreno se encontró con una "brecha" en el sistema de control e incompatibilidades. El consejero se ha referido al caso del número dos de Salud de forma constante, aunque sin hacer referencia a su nombre. "Creíamos que teníamos una regulación, pero cuando se intentó llevar a cabo, la norma no tenía viabilidad por ser de otra época", ha dicho.
La intención de la Junta de Andalucía es llevar a cabo dos procedimientos en paralelo. Uno de manera urgente, que se ha aprobado este martes y toca lo elemental, y otro a través de una tramitación parlamentaria. Para este segundo, el Gobierno andaluz ha abierto la puerta a que este mismo decreto se tramite como proyecto de ley para que todos los grupos ofrezcan sus propuestas. El Ejecutivo también ha reconocido que ha hecho un estudio de las leyes del resto de comunidades autónomas y del Gobierno de España.
Este nuevo decreto contempla que durante los dos años posteriores al cese en su puesto, el alto cargo correspondiente no pueda realizar actividades ni prestar servicios a las empresas que tengan relación con los expedientes dictados durante su trabajo como cargo público. Para garantizar los controles, este nuevo texto obliga a esos cargos públicos a solicitar un informe de incompatibilidades antes de marcharse al sector privado.
Nieto ha explicado que la ley anterior mencionaba que había que pedir la autorización, "pero no cómo, ni a quién, ni para qué". Como ejemplo ha puesto a los consejeros del último Gobierno del PSOE. Sólo uno solicitó el informe de incompatibilidad al cesar del cargo.
En caso de que no se solicite este informe, la administración considerará de forma automática que ha incurrido en incompatibilidades y será tratado como una falta muy grave. Esto supondrá que el afectado tenga que devolver todos los emolumentos que hayan recibido como compensación por la pérdida de la condición del alto cargo y serán inhabilitados para ejercer como alto cargo en la administración entre tres y diez años.
Precisamente, sobre el aumento de retribuciones compensatorias al abandonar el sector público, Nieto ha señalado que este debate se tratará en la tramitación parlamentaria, durante lo que ha denominado como "segunda fase" de la legislación. En este sentido hay cierto consenso entre los grupos para el aumento de estas cesantías que tienen como objetivo que los cargos públicos puedan volver a trabajar en el sector privado.
Este nuevo decreto también otorga a la Inspección General de Servicios la instrucción del procedimiento en el que se recabará el informe de e la consejería, organismo o entidad donde la persona interesada haya ejercido como alto cargo para que pueda valorar la procedencia de la autorización.
Para las incompatibilidades no se estudiarán solamente los actos que haga de forma directa la persona afectada, también lo que eleve a sus superiores y lo que hagan sus subordinados con la empresa con la que tenga previsto firmar. Entre las excepciones del conflicto de intereses están las ayudas que se otorguen de forma genérica o cuando se otorguen en concurrencia competitiva a través de un órgano colegiado.
Desde el Gobierno andaluz han reconocido que lo sucedido con el número dos de Salud se ha podido entender como un caso de corrupción política. "Cuando se produjo la información, fuimos conociendo los problemas por la falta de regulación. Había dudas sobre si podíamos actuar y actuamos de oficio porque no se hubiera entendido que la Junta no lo hubiera hecho", ha aclarado Nieto en su intervención.
En esta línea, también ha señalado que la nueva ley no podría entrar en este caso porque finalmente Guzmán no firmó el contrato. "No queremos que nadie se pueda aprovechar de la gestión pública para fabricarse una salida laboral en el sector privado", inciden en la Junta de Andalucía. El Ejecutivo confía en llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentarios, con los que ya mantiene conversaciones, para hacer una legislación completa y precisa.