La Junta de Andalucía que gobiernan PP y Cs, con su presidente Juan Manuel Moreno a la cabeza, sigue con su peculiar política medioambiental que, de forma propagandística, ha dado llamar revolución verde. Dicha revolución, como ya advierten muchas voces en relación con la nueva Ley del Suelo —cuya tramitación sigue adelante—, consiste básicamente en un intento por retornar a la edad dorada del pelotazo inmobiliario, pero con menos trabas administrativas. De otra manera no se entiende que no solo se faciliten nuevos macroproyectos faraónicos casi a pie de playa, sino que incluso se “aceleren” al abrigo de la Administración autonómica.
El Consejo de Gobierno de este martes, el primero tras el parón de las vacaciones estivales, ha repescado un proyecto que llevaba en dique seco desde lo peor de la gran recesión que arrancó en 2008. Atlanterra Golf, en el término municipal de Tarifa, que al menos entonces estaba promovido por Grupo Q —la Junta no ha especificado quién está detrás de la inversión—, ha sido asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía, una especie de alfombra roja para agilizar todos los trámites que dificulten la consecución de la implantación de un proyecto que, al menos en su versión de 2012, contemplaba 1.000 viviendas unifamiliares, 1.300 plazas hoteleras y 18 hoyos en un campo de golf con escuela.
Todo ello, en una zona cercana a Zahara de los Atunes que, en gran parte, sigue virgen y que, año tras año, evidencia graves problemas de abastecimiento de agua potable. Sin embargo, el Gobierno andaluz del cambio, que retoma una iniciativa privada que la Junta del PSOE ya bendijo en 2008, justo cuando estalló la crisis del ladrillo, entiende que la macrourbanización “contribuirá al logro de algunos objetivos básicos de Andalucía, como la creación de empleo estable y de calidad en todos los sectores de producción y el aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y económicos, bajo el principio de sostenibilidad y la promoción de la inversión pública y privada”, según se ha mantenido en una nota de prensa remitida a los medios, donde no hay detalles de qué proyecto concreto se pretende propulsar al amparo de esta unidad en coordinación con varias consejerías autonómicas.
"Es fundamental captar inversores y proyectos de interés"
La Consejería de Turismo ha afirmado, en la referida nota, que “ante las circunstancias derivadas de la pandemia mundial por Covid-19, el Gobierno andaluz asume como una de sus prioridades adoptar todas las medidas necesarias para impulsar la actividad económica”. “Se considera fundamental la captación de inversores y proyectos de interés que permitan un crecimiento sostenible capaz de superar ciclos de estancamiento. La simplificación y agilización del funcionamiento de las administraciones públicas es una palanca muy relevante para ello”. En este sentido, la Unidad Aceleradora de Proyectos se crea con la finalidad de “impulsar proyectos de inversión, realizando una labor de seguimiento de la tramitación de las autorizaciones e informes en los distintos departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía”.
Se trata, insisten, de “promover la agilización de todas las actuaciones y procedimientos de las administraciones públicas andaluzas que sean necesarios para su efectiva implantación". La Unidad presta “asistencia y asesoramiento a las personas o entidades promotoras sobre los trámites a resolver para la efectiva puesta en marcha y ejecución del proyecto. Asimismo, realiza actuaciones de coordinación con las distintas consejerías y entidades instrumentales con competencias sobre los procedimientos que afecten a los proyectos de inversión”.
El proyecto, según reza en un vídeo que publicó hace seis años Grupo Q, contempla una superficie total urbanizada de 120 hectáreas, de las que 8,5 son para desarrollo hotelero. El proyecto se extiende en paralelo a la costa, detrás de los bloques de apartamentos de Atlanterra y hasta la base del Cortijo del Moro.
La promotora sevillana, que ya cuenta con otras promociones residenciales en la cercana Zahara de los Atunes, también recibió impulso de la Junta a otro de sus grandes proyectos en la provincia, la conversión en hotel y galerías comerciales de la antigua residencia del Tiempo Libre en Cádiz capital, que previamente, en subasta pública, compró a la propia Administración autonómica. En el caso de dicha inversión, la Junta incluyó el proyecto en el Fondo de Desarrollo Urbano, que parte de fondos europeos, y que facilita prefinanciar la actuación urbanística. La operación, que fue gestionada por la sociedad Arcano Capital, está cofinanciada junto con Caja Rural del Sur por un importe de más de 30 millones de euros.