La Junta de Andalucía ha restado importancia este martes a las nuevas informaciones que apuntan a irregularidades en la contratación del SAS durante el año 2021, según los propios informes de Intervención, órgano dependiente de la Consejería de Hacienda. El País publica este martes que "el fraccionamiento indebido" o la "no justificación del objeto" del contrato se produjo en las ocho provincias. Una información que eldiario.es adelantaba apuntando a los informes de cuatro provincias.
Según estos informes, hasta el 92,31% de los contratos cuenta con el cuestionamiento de los interventores, por miles de contratos que supusieron un coste de 1.223 millones de euros. De hecho, respecto a los contratos menores, "se ha intensificado el alcance de la comprobación", ya que se ha detectado "un mayor número e importancia de incumplimientos de legalidad".
Respecto a la primera información de eldiario.es, se refería a cuatro provincias andaluzas: Huelva, Cádiz, Jaén y Córdoba. Faltaban aún Sevilla, Málaga, Granada y Almería, que es lo que añade ahora en su investigación El País. En Sevilla, los contratos suman 292 millones, y en Málaga, 236 millones.
Esos informes cuestionan el abuso de contratos de emergencia y la falta de justificación en el día a día del SAS, en el funcionamiento de hospitales y centros de salud. Por ejemplo, encadenamiento de contratos menores con constructoras para realizar arreglos de calado, sumando cientos de miles de euros con la misma empresa por periodos encadenados. Eso es lo que eleva la sospecha, la pregunta de por qué no se abrieron procedimientos para sacar a licitación y optar, así, por la oferta más favorable. Al elegir con qué empresa contratar, se rompían los principios de publicidad y concurrencia de terceras empresas.
La Junta ha justificado en las últimas semanas, tras las primeras informaciones, que el contexto era el de la pandemia y situaciones de emergencia, problemas que había que solventar con agilidad. Y recordaba que los contratos menores están amparados por la legislación, por cuantías que van desde los 15.000 hasta los 40.000 euros, dependiendo de ciertas circunstancias. Al encadenarse contratos menores con la misma empresa para tareas concatenadas, podría tratarse de un fraude de ley, que es lo que censura la Intervención, sin hablar necesariamente y por ello de ilegalidades, sino de "irregularidades". El PSOE ya explicó en el Parlamento que uniría este asunto a la denuncia, ya admitida a trámite, sobre contratos con clínicas privadas entre 2020 y 2023. Y sugería la oposición que el PP podría estar premiando a empresas 'amigas', dudando de que fuera necesario emplear la contratación menor, evadiendo controles.
La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, se ha remitido en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a las explicaciones tras las primeras informaciones de eldiario.es. "Aquí ahora hay transparencia. Antes no la había. Hay informe jurídico, informe de intervención, y se publican en el portal de transparencia, y se atiende a las recomendaciones de la Intervención". Asimismo, ha recordado que en 2021 aún estaban "en pleno covid", un momento "difícil, complicado" en el día a día del SAS.
Por su parte, el PSOE ha pedido la comparecencia en el parlamento de los interventores de la Junta y del SAS, hablando de "desvío de recursos", con el fin de "esclarecer las irregularidades puestas de manifiesto en los demoledores informes de fiscalización. Ha quedado acreditado que todo el sistema de contratación del SAS está viciado, contaminado, y se encuentra al margen de la legalidad y vigente", señalaba el portavoz Rafael Márquez.
Comentarios