La Junta de Andalucía ha sembrado este martes dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional en sus resoluciones. Lo ha hecho un día después de que se conociera que el TC va a estudiar el borrador una ponencia a partir de la próxima semana donde se plantea anular algunas de las condenas del caso ERE por delitos como prevaricación.
Hace unos días, en uno de los actos de campaña del PSOE en Andalucía, Pedro Sánchez defendió la figura de Magdalena Álvarez, inhabilitada por nueve años después de ser condenada en los ERE. Era la primera vez que Sánchez sacaba la cara por algún dirigente andaluz y lo hacía en plena polémica por la investigación de su mujer, Begoña Gómez.
El Gobierno de Juanma Moreno ha entendido esta cuestión como una interferencia en el Constitucional. El portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, ha preguntado hoy ante los medios de comunicación si conocía el sentido de la referida ponencia para hacer esas declaraciones de apoyo a Álvarez, lo que el Ejecutivo andaluz ha calificado como "un homenaje". "¿Es que sabía el señor presidente del Gobierno por dónde iba a ir la ponencia?", ha insistido.
Estas palabras han provocado que la Junta de Andalucía lance un aviso. "Estamos muy preocupados por esa sensación permanente de intromisión que tiene el PSOE y el Gobierno de España en los procedimientos judiciales, incluso en aquellos procedimientos judiciales ratificados nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo", ha asegurado Fernández-Pacheco antes de defender que el caso ERE ha pasado por más de 20 jueces y, aunque ha habido delitos que se pueden discutir más que otros, todos han coincidido en la existencia de la prevaricación.
"Entendemos que si el caso de corrupción más importante que ha tenido España, al final, acaba siendo anulado y con todas estas intromisiones que estamos conociendo, pues la justicia española quedaría muy tocada a nivel internacional en cuanto a su prestigio y garantías de independencia", ha agregado. El Gobierno andaluz insiste en que va a vigilar qué magistrados se abstienen en el procedimiento para evaluar la situación.
A la posición de la Junta de Andalucía hay que sumarle la de un ex peso pesado del Gobierno andaluz del Partido Popular. Elías Bendodo se ha pronunciado en el mismo sentido y con el mismo argumento utilizado desde San Telmo. "El caso de los ERE ha pasado por más de 20 jueces y todos han confirmado los delitos, fundamentalmente el de prevaricación. En el Constitucional no se puede revisar lo que han hecho 20 jueces y, sobre todo, cuando hay magistrados ahí que deberían abstenerse, como el propio presidente (Cándido Conde-Pumpido) o Juan Carlos Campos (exministro socialista), que están claramente vinculados al PSOE".
El que fuera número dos del PP andaluz ha asegurado que el TC está contralado por el PSOE y el Gobierno de España. "Yo espero que lo que los andaluces conocen, han conocido, han comprobado y los jueces han ratificado, no venga un órgano, que es el Constitucional, que, con todos nuestros respetos, evidentemente controlan el Partido Socialista y el Gobierno".