La Junta de Andalucía con el presidente Juanma Moreno a la cabeza ha decidido ir hasta el final a la batalla fiscal que empezó hace un par de semanas con el anuncio de Moreno en el que suprimía el Impuesto de Patrimonio en la comunidad. Hasta el final incluye los tribunales. La administración andaluza está analizando una posible invasión de competencias en la maniobra del Gobierno de España para neutralizar la bajada de impuestos de la Junta de Andalucía. En el caso de que los serivicios jurídicos den el visto bueno, el Ejecutivo andaluz no tendrá problemas en acudir a los tribunales.
Así lo ha manifestado este martes tras el Consejo de Gobierno el nuevo portavoz en su estreno. Ramón Fernández Pacheco, quien fuera alcalde de Almería, ha sido tajante a la hora de exponer la visión de la Junta de Andalucía sobre este asunto a la misma hora que en Madrid, el Gobierno de España presentaba los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en el que se contemplan subidas tributarias. Otros impuestos, los de nueva creación, tendrán que aprobarse por leyes propias, como establece la Constitución.
En este sentido, el portavoz del Gobierno ha sido bastante claro en su primer día. Tras hablar de diálogo ha querido manifestar que esto no significa que "en ningún caso eso va a significar que Andalucía no se defienda con uñas y dientes ante los ataques a su autonomía", en referencia a las reacciones que ha provocado en gran parte del PSOE la sexta bajada de impuestos anunciada por Moreno. "Los andaluces pueden estar tranquilos porque tienen al frente un Gobierno que hará todo lo que esté en su mano para contrarrestar el ataque fiscal a Andalucía por parte del Gobierno de España. Vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para proteger a los andaluces. Y si tenemos que ir a los tribunales, iremos", ha afirmado.
El argumento que esgrime la Junta de Andalucía es que el Gobierno de Pedro Sánchez "no puede soportar" que Andalucía lidere "la capacidad económica en España". Y es que, el Ejecutivo andaluz está especialmente molesto con el nuevo impuesto de solidaridad que va a sustituir en las comunidades en las que esté bonificado al Impuesto de Patrimonio. Esto quiere decir que, en aquellas comunidades donde haya Impuesto de Patrimonio, no se aplicará el nuevo tributo creado por el Gobierno de España y, además, serán las comunidades pertinentes las que recauden. Por el contrario, en Madrid y Andalucía, donde el este impuesto está bonificado al 100%, esta figura lo sustituirá y el dinero recaudado irá a las arcas del Estado.
Según el Ejecutivo andaluz, la creación de este impuesto tiene como único objetivo ir contra Andalucía. "Este impuesto no nace para neutralizar la supresión del Impuesto de Patrimonio en Madrid porque lo podrían haber hecho hace bastante tiempo. Curiosamente, la ministra de Hacienda sólo adopta esta decisión improvisando cuando Andalucía anuncia la bonificación de este impuesto", ha señalado el portavoz. Aunque la Junta no descarta acudir a los tribunales, sí es cierto que va a esperar a conocer "la letra pequeña" del tributo. Eso sí, deslizan desde el Gobierno regional que se trata de una doble imposición en el gravamen que, además, invade competencias autonómicas, "vamos a esperar a que el Gobierno concrete el alcance, lo vamos a estudiar con rigor y no nos va a faltar determinación para defender los intereses de Andalucía". A pesar de esto, la Junta no valora recuperar el Impuesto de Patrimonio y pide respeto a su autonomía fiscal. El portavoz ha invitado al PSOE a subir este impuesto en aquellas comunidades en las que gobierna.
En San Telmo nunca han escondido las intenciones de bajar impuestos, de ahí que esta sexta bajada se anuncie a bombo y platillo. La supresión de Patrimonio, aunque pilló por sorpresa a todos, también venía en el programa electoral del Partido Popular, aunque matizaba que de manera progresiva. En este sentido, Fernández-Pachecho ha asegurado que "vamos a seguir bajando impuestos a los andaluces, le pese a quien le pese". Unas palabras que contradicen las declaraciones realizadas por el responsable económico del PP a nivel nacional, el exconsejero Juan Bravo. Bravo, durante este lunes, al ser preguntado por la catástrofe británica provocada por una bajada de impuestos, respondió ante los medios que la propuesta del PP no era bajar impuestos en estos momentos, "sino no subir".
Exigencias al Gobierno de mejorar la financiación
Al margen de esta defensa sobre las bajadas de impuestos, el portavoz de la Junta también ha sido muy firme en la exigencia de un nuevo sistema de financiación autonómica ya que el actual lleva casi una década caducado. Según los cálculos de la Junta, Andalucía pierde 1.000 millones de euros al año. El Parlamento de Andalucía exigió en 2018, sin votos en contra, al Gobierno de España la reforma de este sistema. Por entonces, la consejera de Hacienda era María Jesús Montero. Y a eso ha recurrido la Junta de Andalucía.
"El Gobierno está castigando que Andalucía lidere, que alce el vuelo y que levante la voz. No pedimos nada que no nos corresponde, exigimos lo que es de los andaluces", ha denuncaido Fernádez Pacheco. "Le pedimos [a Montero] que vuelva a ponerse el traje de consejera de Andalucía. Esa consejera de Hacienda que clamaba contra el Gobierno de España por la infrafinanciación que sufría Andalucía", continuaba el portavoz que, al mismo tiempo ha retado a Juan Espadas a que se posiciones en este asunto y "se pusiera del lado de los andaluces".
Que por un lado se bajen impuesto y renuncie a ingresos y por otro se exija mejor financiación y más dinero del Gobierno de España puede sonar contradictorio. Sobre esta cuestión, el que fuera alcalde de Almería ha vuelvo a reafirmar que únicamente piden en materia de financiación "los fondos que en justicia son de Andalucía". Una respuesta que ha complementado defendiendo la bajada de impuestos, "los andaluces tenemos 1.000 millones de euros más en el bolsillo desde que gobierna Juanma Moreno".
La Junta justifica la supresión del canon del agua durante el próximo año aludiendo a la falta de ejecución en las obras hidrícas por parte del PSOE durante las anteriores legislaturas. Esta tasa sólo se puede destinar a esta cuestión, sin embargo, desde el Ejecutivo han querido dejar claro que la supresión del cobro no va a provocar la merma de los servicios públicos en esta materia.