Alrededor de un millar de personas han acudido esta mañana a la clausura de IFEMA. Sobre todo, autoridades políticas, con centenares de representantes públicos de la Comunidad y el Ayuntamiento principalmente. Tanto de sendos gobiernos del PP y Cs como de la oposición. Y han sido estos los que han elevado la voz de alarma.
El acto estaba concebido como la salida del último paciente del hospital de campaña montado en el palacio de ferias. Con capacidad de 5.000 camas, fue fundamental para aguantar la pandemia de coronavirus hace unas semanas. Se montó en cuatro días, literalmente. Ahora, es el símbolo de que lo peor, al menos por el momento, ha pasado en Madrid, el lugar más maltratado por la enfermedad.
Y allí, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, ha dado imágenes que han dado que hablar. Muchos selfies, comentarios en redes sociales y hasta una foto subida por ella misma a sus redes en la que se la ve repartiendo bocadillos. Lo hace a la vicealcaldesa de Cs, Begoña Villacís, y junto al alcalde, José Luis Martínez Almeida.
La oposición tacha el evento de marketing. Desde Más País, el partido de Errejón, denunciaron ya esta mañana que se había producido una masificación, algo que se puede constatar en varias imágenes del acto. Ahora, la Delegación del Gobierno en Madrid, es decir, el Estado, encargado último de proceder a las multas, investigará los hechos, si estos cumplían con lo que se recoge en el decreto del estado de alarma, si estaba justificado, y si se siguieron las recomendaciones sanitarias.
Legalmente, lo primero tendrá un recorrido concreto. Lo segundo, parece claro que no. Porque se trata a fin de cuentas de un acto organizado con invitaciones a parlamentarios madrileños, prensa, autoridades de la Comunidad y el Ayuntamiento además de al menos decenas de sanitarios que ha supuesto un aforo en espacio reducido de un millar de personas. Y si es legal, en cualquier caso, no parece seguir el espíritu de las recomendaciones realizadas de evitar aglomeraciones.