La Fiscalía Anticorrupción ha elevado sus investigaciones sobre Juan Carlos I a sus homólogos del Tribunal Supremo porque ve indicios de blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública que podrían implicar al rey emérito, según ha desvelado Publico.es. Anticorrupción traslada al Alto Tribunal el resultado de sus averiguaciones en relación al manejo en el extranjero de la supuesta comisión cobrada por el rey emérito en la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas.
El presunto pago de una comisión de 100 millones de dólares se produjo hace 12 años, en 2008, cuando todavía reinaba, por lo que es inimputable por un supuesto delito de cohecho en las transacciones internacionales. La inviolabilidad del monarca emérito está reconocida en el artículo 56.3 de la Constitución española, y cuando abdicó pasar a estar aforado en el Supremo.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal sí investiga al rey emérito por el manejo de ese dinero a partir de su abdicación mediante la presunta figura de testaferros, en presuntos delitos de blanqueo y delito fiscal, según el citado medio digital. El decreto del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha sido dado todavía a conocer, al permanecer las investigaciones en secreto. El decreto que detalla la investigación realizada hasta ahora ocupa 20 páginas, según la Ser.