Miguel Benítez, portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba, denunciaba en este mismo medio hace un mes que la Mezquita fue inmatriculada por 30 euros. Dicho en otras palabras: el obispo se la quedó para la Iglesia amparado por una ley ahora inconstitucional. “La iglesia se ha apoderado de los bienes patrimoniales más importantes de los andaluces amparados en una ley inconstitucional. Es el mayor robo inmobiliario que se ha conseguido en toda Europa", explicaba el portavoz.
Ahora, el Gobierno y la Conferencia Episcopal han cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes (bienes registrados por vez primera) por parte de la Iglesia, en la que esta admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y por tanto, se abre la vía para su regularización.
A partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la PNL de 17 de febrero de 2017 sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en el periodo 1998-2015, la Conferencia Episcopal, en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis. Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados.
El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. Se trata, concretamente, de un millar aproximado de bienes, cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal Española.
Tras ello, el Ejecutivo pondrá en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información para que se puedan iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia ha manifestado su compromiso de colaboración con el fin de facilitar esos procesos.
La Iglesia española, Aznar y la reforma de la Ley Hipotecaria
La Iglesia española dice no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica que aparecen en el listado hecho público por el Gobierno hace casi un año, en febrero de 2021.
El asunto de las inmatriculaciones se remonta al año 1998, cuando el entonces presidente del Gobierno José María Aznar llevó a cabo una reforma de la Ley Hipotecaria, por la que se suprimió la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico. De esta forma, desde 1998 hasta el año 2015 la Iglesia católica española tuvo la posibilidad de inmatricular bienes, registrarlos por primera vez, de acuerdo con esta reforma de la ley hipotecaria.
Si bien, en 2015, durante el gobierno de Mariano Rajoy, se derogó este sistema y la Iglesia católica dejó de tener esta posibilidad. Dos años después, en abril de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para urgir al Gobierno a aportar una relación de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en el periodo de 1998 y 2015.
Finalmente, fue en febrero de 2021 cuando el Gobierno, ya con Pedro Sánchez como presidente, hizo público dicho listado. En concreto, según esta lista, la Iglesia católica en España inmatriculó un total de 34.961 bienes desde 1998 hasta 2015.
La entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, precisó que estas inmatriculaciones se hicieron "a la luz de la legalidad".
Además, la semana pasada, Bolaños y Omella se volvieron a reunir para perfilar este asunto y el ministro precisó, tras el encuentro, que las negociaciones estaban "avanzando" y esperaba tener resultados "lo antes posible". La conclusión de los trabajos se ha materializado este lunes con un encuentro entre el cardenal Omella y el presidente Sánchez en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en Madrid.
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