La reciente oferta de empleo público de la Junta de Andalucía destinada a funcionarios interinos con la finalidad de apoyar en las distintas consejerías se tiñe de dudas. El millar de empleos temporales anunciados por el consejero de Presidencia saldrán de bolsas de trabajo, según ha anunciado el propio Bendodo, y en caso de que estas se agotaran, se crearían unas nuevas. La Junta determina que la duración de estos contratos es de seis meses.
La administración pública andaluza lanza esta oferta con motivo de hacer frente a la covid, y se llevará a cabo en sectores tan dispares como la sanidad, la ingeniería, la arquitectura, el veterinario o el trabajo social, contienen entre sus requisitos varios que no se ajustan a los principios constitucionales.
Pese a ello, la cobertura legal a la que se acogió el Gobierno de Moreno Bonilla cuando se declaró el estado de alarma y que mantiene vigencia mientras dure la emergencia sanitaria es la resolución del 18 de marzo de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. En ella se establecen bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el covid.
Un representante sindical contactado por lavozdelsur.es señala que es difícil de explicar que no se requiera el currículum a los aspirantes o que en algunos casos se seleccione al personal por orden de llegada. Uno de los temas más discutibles es el de apartar como candidatos a varios grupos de población, como el de las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, los hipertensos o los mayores de 60 años.
“Si una mujer embarazada puede ir a trabajar, como sucede actualmente, también debe ser apta para poder acceder a estas plazas. Al igual que ocurre con los mayores de 60 años o los hipertensos, que desde el 29 de junio ya no son grupo de riesgo y volvieron al trabajo, pero no pueden presentarse a esta oferta pública. No tiene sentido”. Para esta fuente, estas ofertas rompen con los requisitos de contratación pública y acaban con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Hasta el momento, ni PSOE-A ni Adelante Andalucía se han manifestado acerca del proceso de contratación en estas ofertas de empleo público.
La polémica se asemeja a la contratación de los 3.000 vigilantes de playa que la Junta ha efectuado, de la que el PSOE-A ha manifestado en reiteradas ocasiones sus sospechas de enchufismo por los irregulares procesos de contratación que, según los socialistas, se han seguido. Manuel Jiménez Barrios, en una entrevista con este medio, ponía el acento tanto en los plazos para dicha contratación como en las nulas explicaciones por parte de la administración andaluza sobre el baremo a seguir en las mismas.
Comentarios