El Gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía ha gastado casi 300.000 euros de dinero público en tres contratos a lo largo del pasado año para que la consultora KPMG —que en mayo pasado fichó a María Castiella, jefa de gabinete de presidencia de Cs— le dijera lo que la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (Cs) ya sabía desde julio del año pasado. De hecho, en esa fecha anunció la elaboración de un plan estratégico y de reorganización de la fundación andaluza Andalucía Emprende, con 894 empleados públicos y una infraestructura de 262 centros de emprendimiento (CADE) y 878 alojamientos empresariales que cubren el 100% del territorio de la comunidad autónoma.
Unas instalaciones donde personal técnico especializado ofrece, entre otros servicios, asistencia gratuita, asesoramiento cualificado, formación, tutorización y una amplia gama de programas y de acciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora. Sin embargo, los informes de KPMG ponen en duda la utilidad de la fundación, hacen hincapié en la falta de control de tareas y empleados, y vislumbran un horizonte de reajuste laboral, lo que tiene en vilo lógicamente a su personal. La Junta ha pagado a KPMG, según la información a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, 71.390 euros por la Elaboración de un plan para optimización del inmovilizado de Andalucía Emprende; 95.348 euros por el Diseño de una estrategia de gestión del talento en Andalucía Emprende; y 131.890 euros por la elaboración del Plan de Gestión Eficiente de Andalucía Emprende. Los tres contratos se adjudicaron entre octubre y diciembre del año pasado a la referida consultora externa.
CCOO, que ha solicitado los informes, reconoce que hay que reformar Andalucía Emprende y "rebajar su coste", pero sugiere empezar por no contratar consultoras y despachos de abogados privados que "han supuesto un coste de cientos de miles de euros", ya que dicha labor se podría haber realizado por el personal de la fundación. El PSOE-A, por boca de su parlamentaria Noelia Ruiz, va a más y entiende que, en realidad, lo que el Gobierno de PP y Cs busca es “una empresa que justifique la decisión que ya tenían tomada desde el año pasado: cerrar la fundación y poner en la calle a su personal”.
Teletrabajando "de aquella manera..."
“Estamos reflotando” la fundación, sostenía recientemente, al dar a conocer el análisis de la consultora externa, la consejera Rocío Blanco. A lo que agregaba: "Si hubiéramos querido cerrar Andalucía Emprende lo hubiéramos hecho hace año y medio”. Los trabajadores, en cambio, se sienten abandonados. En tiempos de covid, la administración es como si se hubiese desentendido de ellos. “Estamos teletrabajando de aquella manera… por no gestionar los contratos de limpieza, ni gestionar con los ayuntamientos la limpieza de los locales cedidos ... y por no comprar las mamparas de seguridad”, denuncian. Estas mamparas, por ejemplo, tienen un coste de unos 16.000 euros, según indican los sindicatos, lejos de las cifras que Empleo está destinando a averiguar qué hace con Andalucía Emprende y su personal.
Estos días hay una nueva batería de concursos públicos para nuevos análisis de consultoras externas, que en muchos casos harán lo que podían hacer los cientos de empleados de esta entidad pública. Las licitaciones fijan unas cantidades por encima de los 474.000 euros divididas en tres nuevos contratos en concurso: 254.100 euros para Apoyo para la implantación del nuevo modelo de gestión de Andalucía Emprende: nueva estructura organizativa, nuevo modelo de procesos y procedimientos y nueva carta de servicios; 150.000 euros para Producción y organización de iniciativas digitales en Andalucía Emprende; y 70.000 euros que irán destinados en esta fundación a Programas de reactivación de modelos de negocios para autónomos y pequeñas empresas.
La socialista Noelia Ruiz es contundente en su argumentación: “Lo único que hacen es desprestigiar continuamente a los trabajadores y derrochar dinero público con una decisión política que ya tienen tomada y que forma parte de los acuerdos con Vox. Tienen decidido cargarse esto y llevan un año y medio dando rodeos, manchando la imagen de los trabajadores y despilfarrando dinero público en contrataciones a empresas, primero para decir que no funciona y ahora para que digan cómo deberían funcionar”. En apenas un año, la Junta habrá gastado casi 800.000 euros para un ente público cuyo presupuesto anual destina 34,5 millones (casi el 90 por ciento) a gastos de personal (sueldos y cargas sociales, principalmente), según el presupuesto de explotación aprobado para 2020.
Esto, que ya se sabía, enerva a los sindicatos. CCOO expone que hay cuestiones "totalmente contrarias o no ciertas" a la realidad de Andalucía Emprende, así como que se hable de "ineficacia" y "alto coste" y no se aluda en dicho informe a los diez años de "desigualdad salarial" de su personal. El sindicato se refiere a casi 1.000 trabajadores sin convenio colectivo que hay en la fundación, "sin que la directora-gerente, Rosa Siles, y la consejera muestren interés alguno en solucionar el conflicto", y pone como prueba de ello que llevan desde noviembre de 2019 sin reunirse con los representantes de los trabajadores para abordar este tema. Por cierto, denuncian, “la directora-gerente de Andalucía Emprende tiene una asignación por alquiler de vivienda que se sitúa en 14.640 euros anuales, que sumados a los 64.637,93 del salario, hacen un total de casi 80.000 euros —más que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla—. Esto sí que es un sobrecoste para alguien que sigue sin abordar los verdaderos problemas de la fundación y de sus trabajadoras y trabajadores”.
En abril del pasado año, la Junta de PP y Cs anunció una remodelación de la estructura orgánica y funcional en el territorio, que supuso, según se dijo, ceses en 44 puestos de libre designación de la entidad, con un ahorro de 362.786 euros. Paralelamente, se anunció igualmente, se estaba desarrollando "un diagnóstico del funcionamiento y posicionamiento de Andalucía Emprende que evalúe las actuaciones internas y el grado de satisfacción de los usuarios, para identificar nichos de mejora que permitan acometer decisiones estratégicas, en aras a establecer una nueva estructura que tenga mayor agilidad, especialización de los servicios, eficiencia y eficacia". El objetivo es que este diagnóstico estuviese concluido en agosto del año pasado "para poder iniciar cuanto antes la elaboración del plan estratégico".