La Unión de Sindicatos de Trabajadoras en Andalucía (USTEA) ha emitido un comunicado denunciando una situación que consideran del todo inadmisible: "La administración andaluza incumple la legalidad de manera deliberada al planificar la educación en base a una ratio que supera la máxima legal. Esta situación no es nueva y, tristemente, la Junta de Andalucía va a permitir que siga existiendo durante el próximo curso 2020/21".
Hasta la fecha y ante las continuas exigencias de USTEA al propio Consejero, Javier Imbroda, para que pusiese fin a esta flagrante ilegalidad, anuncian que "hemos recibido la mentira por respuesta". El sindicato señala que "continuamente se ha negado la mayor y hemos tenido que soportar como se cacareaba la inexistencia de esta situación en nuestras aulas, a pesar de que cientos de docentes la sufren y padecen día a día". Pero precisamente por ello, no deja de ser sorprendente lo ocurrido en la pasada mesa sectorial del 28 de julio. María del Carmen Castillo, Viceconsejera de Educación, reconoció abiertamente que se han planificado aulas con un número superior al establecido por la norma.
Desde USTEA entienden que "es de una enorme gravedad que, desde los máximos responsables de la educación en nuestra comunidad se incumpla la norma de esta forma tan descarada, más aún en un aspecto tan significativo como la ratio. El año pasado, desde este sindicato, se denunció judicialmente esta situación, que se detectó en más de 700 aulas de toda la geografía andaluza, pero lo que el año pasado era únicamente ilegal, este años constituye un ejercicio mayúsculo de irresponsabilidad porque atenta contra la salud de la comunidad educativa al dificultar o impedir el cumplimiento del distanciamiento social necesario para reducir el riesgo de contagio del coronavirus".
Y apuntan a que "para todos y todas resulta evidente que un descenso significativo de la ratio es más necesario que nunca en las actuales circunstancias, sin embargo, lo que nos encontramos es que en los meses de junio y julio los servicios de planificación de las delegaciones territoriales han diseñado grupos masificados ilegalmente, por encima de 25, 30 y 35 en infantil y primaria, secundaria y bachillerato respectivamente".
Además, la cuestión de la ratio no constituye solamente una exigencia desde el punto de vista sanitario, sino que, consideran "es imprescindible para poder actuar y mitigar todos los efectos perjudiciales para los procesos de enseñanza y los desfases curriculares que la interrupción de la docencia presencial durante más de un trimestre del curso 2019/20 han provocado, especialmente en el alumnado que precisa medidas de atención a la diversidad".
En consecuencia, anuncian que "no podemos más que concluir que la administración educativa de nuestra comunidad muestra un importante desprecio hacia la comunidad educativa y sus necesidades reales, poniendo en entredicho la seguridad de la educación presencial y no poniendo los medios necesario para que nadie se quede atrás como consecuencia de la pandemia que venimos sufriendo".
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